El conflicto abierto en el aeropuerto de El Prat, en Barcelona, a raíz de la huelga de los vigilantes de seguridad, un conflicto que se ha extendido ya por otras instalaciones del país, amenaza reproducirse también en Canarias, donde las empresas Eulen y Prosegur acaparan la prestación del servicio en los ocho aeropuertos de la Comunidad Autónoma. Así lo avisaron ayer los sindicatos, desde donde hacen hincapié en que la situación de este colectivo de trabajadores en las Islas es prácticamente idéntica a la de sus colegas de El Prat, La Coruña o Santiago de Compostela. En estas dos últimas ciudades, UGT ya convocó paros parciales este pasado jueves.
"La situación está más o menos como en El Prat", advirtió ayer Fernando Torres, de la sección sindical de Comisiones Obreras (CC OO) en Canarias y, en el ámbito estatal, de Prosegur Soluciones Integrales. Prosegur es la empresa concesionaria del servicio en cinco de los ocho aeropuertos del Archipiélago, entre ellos los tres más grandes de la región, el de Gran Canaria y los de Tenerife Norte y Tenerife Sur. Además, la entidad se ocupa también del servicio -básicamente la vigilancia de los filtros de seguridad y otras instalaciones- en los aeropuertos de Lanzarote y de La Palma, mientras Eulen es la responsable en las infraestructuras de Fuerteventura -para la que hay abierto actualmente un nuevo concurso público para el servicio de control de seguridad-, La Gomera y El Hierro. Torres enumeró el "alto" nivel de estrés, la poca consideración de AENA hacia el colectivo, la "alta conflictividad" y los bajos salarios como problemas fundamentales en la relación entre empresas y empleados.
Aunque en el caso de El Prat la concesionaria afectada es Eulen, Prosegur, que lo es en Santiago, ya tuvo que maniobrar casi in extremis a finales del mes pasado para evitar la huelga de los vigilantes de los filtros de seguridad de Barajas, en Madrid. La empresa logró entonces que el conflicto no pasara a mayores y trata ahora de hacer lo mismo en los aeropuertos de las Islas. De hecho, y tal como adelantó María Dolores Fuentes, del sector sindical de Seguridad y Servicios Auxiliares de UGT Canarias, los responsables del área de Recursos Humanos de Prosegur se desplazarán el próximo día 29 al Archipiélago para buscar un acuerdo que impida un efecto contagio de la situación en El Prat a los cinco aeropuertos en que presta el servicio en la región.
La representante de UGT dijo confiar en que aquellas demandas del colectivo laboral que están comprometiendo la prestación del servicio puedan ser atendidas. "Hay cosas que arreglar y se van a arreglar", subrayó Fuentes, que resumió los problemas en el "exceso de carga" de trabajo: "Falta gente", sentenció.
En línea con la representante de UGT, Fernando Torres expuso que AENA (Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea) concede a los trabajadores un margen de error "bajísimo", hasta el punto de que el propio sistema de seguridad da falsas alarmas -por ejemplo, de líquidos inflamables, explosivos, elementos punzantes u otras cosas que no pueden subirse al avión- para así comprobar el nivel de atención del personal. "Y si superan el índice de error, se los suspende y se les retira la licencia, lo que obliga a realizar otra vez el curso para obtener el certificado de radioscopia, imprescindible para el puesto", ahondó el sindicalista.
Es precisamente el llamado plus de radioscopia uno de los puntos de conflicto, un plus en teoría estipulado en los convenios y que se retribuye por horas pero que, en realidad, según denuncian CC OO y UGT, no se está calculando como se debiera. Torres se quejó también de los bajos salarios -"ningún padre de familia puede vivir con esos entre 1.100 y 1.200 euros mensuales, si es que llega", dijo- y denunció abusos en los horarios, "obligando en casos a los trabajadores que salen de noche a incorporarse por la mañana". "No quiero ser alarmista pero la situación es difícil", enfatizó el representante de CC OO en espera de reunirse con la empresa.
En el fondo del asunto subyace la precarización del empleo a que ha dado lugar la proliferación de las subcontratas. Según los sindicatos, las concesionarias han de regirse por los convenios colectivos sectoriales, pero ocurre que los precios de adjudicación del servicio, que fija AENA, son tan bajos que llevan a incumplimientos en los términos laborales.
Precisamente sobre este conflicto se manifestó ayer el PSOE canario, cuyo portavoz parlamentario, Iñaki Lavandera, criticó la "directriz política de adjudicar a la baja sin atender a parámetros como la implantación de sistemas de calidad y eficiencia en el servicio".
