El Gobierno aprobó ayer en un Consejo de Ministros extraordinario la puesta en marcha de un laudo arbitral de obligado cumplimiento en el conflicto del aeropuerto de Barcelona-El Prat, que ayer volvió a operar con normalidad en la tercera jornada de huelga indefinida y con esperas que no superaron los 20 minutos para superar los filtros de seguridad. El titular de Fomento, Íñigo de la Serna explicó que la empresa Eulen y los trabajadores cuentan con un plazo máximo de 24 horas para elegir al mediador desde el momento en que reciban la notifiación, trámite que estaba previsto cumplir ayer mismo o esta mañana. PSOE y CCOO se mostraron contrarios a la decisión por, según el sindicato, "atentar contra el derecho de huelga".

En el caso de que no se pongan de acuerdo, Fomento designará a una persona en las 24 horas siguientes que someterá a las partes para que formulen sus alegaciones y se adoptará una decisión en un plazo máximo de diez días. La decisión de optar por el arbitraje, que se ampara en una ley de 1977 sobre relaciones laborales, se adoptó por circunstancias como la duración de la huelga o el carácter "irreconciliable" de las posiciones, según las definió el ministro.

Por su parte, el sindicato Comisiones Obreras (CCOO) rechazó la medida porque "atenta contra el derecho de huelga y de negociación colectiva", y supone una "respuesta autoritaria del Gobierno". Para la organización de representación de los trabajadores, la decisión del Ejecutivo se suma a los servicios mínimos "claramente abusivos" decretados y la utilización de la Guardia Civil, lo que en conjunto supone una "conculcación de derechos fundamentales".

Subcontratas

El problema radica, a juicio de los sindicalistas, en la utilización de la subcontratación de actividades, que revierte en una precarización de las condiciones de trabajo. "Las administraciones públicas se han puesto a la cabeza de esa dinámica", criticaron.

También el PSOE, a través de su secretario de Organización, José Luis Ábalos, aseguró que el laudo es "una forma de imposición" que no aborda "la explotación" a los trabajadores, a los que cree que el Ejecutivo "se ha empeñado en criminalizar". "El arbitraje con este laudo no deja de ser una forma de imposición; ¿cuántos laudos ha habido y cuántos laudos piensa establecer el Gobierno en los conflictos que surjan? El problema es la explotación laboral", señaló Ábalos a Efe.

También el comité de empresa de Eulen en Madrid consideró el laudo un atentado contra el derecho de huelga, así como la utilización de las Fuerzas de Seguridad en el conflicto y el tamaño de los servicios mínimos, si bien de momento descartaron replicar los paros en Barajas.

Por otro lado, CCOO, UGT y USO preavisaron ayer 25 días de huelga a partir del 15 de septiembre en todos los centros del Grupo AENA. Entre los motivos de la protesta, reclaman mejoras salariales tras la pérdida de hasta un 8% en 2010. De producirse, los paros afectarán, entre otros, a los bomberos, el personal de atención al rodaje en pista o el mantenimiento de las torres de control.