El Ministerio de Fomento propuso ayer al presidente del Consejo Económico y Social (CES), Marcos Peña, como árbitro en el procedimiento de laudo obligatorio entre los trabajadores de los controles de seguridad de pasajeros del Aeropuerto de Barcelona-El Prat y la empresa Eulen. Las partes tienen ahora un plazo de 24 horas para realizar las alegaciones que estimen oportunas a la propuesta del ministerio en relación con la imparcialidad del árbitro. Mientras, el comité de empresa del servicio de seguridad del aeródromo Tenerife Sur, en manos de Prosegur, reiteró su disposición a imitar a sus compañeros de Barcelona hasta que el conflicto de los trabajadores del sector se resuelva.
Sindicalismo de Base (SB), Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), Unión Sindical Obrera (USO), Comisiones Obreras (CCOO) y Unión General de Trabajadores (UGT) mantuvieron una reunión en la tarde del jueves en la capital tinerfeña en la que, entre otras cuestiones, decidieron brindar su "total apoyo a las reivindicaciones de los trabajadores del aeropuerto del Prat y a los demás aeropuertos de la red nacional".
A juicio de los profesionales que vigilan los filtros de seguridad del Reina Sofía, los negociadores del Convenio Colectivo Nacional de Seguridad Privada deben incluir en el documento final "la categoría de vigilante aeroportuario". A la espera de que esa demanda se concrete, no descartan "posibles movilizaciones".
En cuanto al nombramiento de Peña, el comité de huelga de El Prat ya dejó claro el jueves que no iba a participar en un ejercicio de consenso con la dirección para escoger a un árbitro. De hecho, los representantes de los trabajadores avanzaron que recurrirán el laudo puesto en marcha por el Consejo de Ministros por entender que lamina el derecho a huelga del mismo modo que, a su juicio, lo han hecho el decreto de servicios mínimos del 90% y la utilización de la Guardia Civil para evitar las largas colas que soportaban los viajeros.
Con experiencia
El presidente del CES ya actuó en primavera como mediador en el conflicto de la estiba y el acuerdo de mediación propuesto por él fue recogido en el desarrollo reglamentario del real decreto ley de reforma del sector aprobado por el Congreso de los Diputados el pasado 18 de mayo con el sonoro rechazo de los trabajadores y de buena parte del arco parlamentario.
El Ejecutivo central recurrió a esta medida tras el fracaso de las negociaciones entre la empresa y los trabajadores y de la mediación de la Generalitat, tal y como recordó ayer el Ministerio de Fomento en un comunicado.
Al árbitro que finalmente sea elegido le tocará resolver en equidad cuantas cuestiones se hayan suscitado en el planteamiento y desarrollo de la huelga, previa audiencia de las partes, en diez días a contar desde la fecha de su designación. Ayer no hubo paros, ya que los sindicatos decidieron suspender temporalmente la huelga indefinida que pusieron en marcha el lunes pasado.
El presidente del CES, nacido en 1948 en Teruel, es licenciado en Derecho, miembro del Cuerpo Superior de Inspectores de Trabajo desde 1972 y catedrático de Derecho del Trabajo. Además de en la estiba, también medió entre sindicatos y dirección de la empresa pública Izar, que se saldó con un convenio para 2003 y 2004.
