La patronal turística en la Comunidad Autónoma no quiere ni oír hablar de la posibilidad de copiar en las Islas la polémica fórmula que ha puesto en práctica Baleares para controlar la masiva afluencia de visitantes en el archipiélago mediterráneo. Ni Canarias es Baleares ni su actual modelo turístico adolece de los problemas que sí sufre el modelo de la otra región insular del país, de entrada una incipiente turismofobia que aquí no ha tenido relevancia alguna. Son dos de los principales argumentos que desde el sector esgrimen para hacer frente a quienes ven en la controvertida fórmula del Govern que preside Francina Armengol una idea que aplicar también en el Archipiélago, un carro al que se ha subido ya Nueva Canarias (NC), la fuerza política que lidera Román Rodríguez y que apuesta por poner "límites al crecimiento" del sector.
Uno de los primeros pasos en la tarea de rediseño del turismo que se ha emprendido desde determinados ámbitos políticos e institucionales lo dio la Barcelona de Ada Colau con la prohibición de abrir nuevos hoteles en el centro de la Ciudad Condal. Y el Govern ha ido incluso más allá y decretado por ley un tope de 623.624 plazas turísticas en Baleares, un máximo que, además, pretende ir reduciendo hasta poco más del medio millón de plazas de forma progresiva. Una controvertida fórmula en la que subyace la serie de actos vandálicos que este verano viene sucediéndose en determinadas ciudades del país, fundamentalmente de Cataluña, el País Vasco y Baleares. Además, voces como la del gigante TUI -uno de los turoperadores más importantes-, advirtiendo de que España "está muy llena" han añadido más leña al fuego. Canarias, sin embargo, se mantiene al margen de la ola de turismofobia pero no está exenta del debate sobre los límites del turismo.
Las tres organizaciones empresariales más representativas del sector en el Archipiélago, la Asociación Hotelera y Extrahotelera de Tenerife, La Palma, La Gomera y El Hierro (Ashotel), la Federación de Empresarios de Hostelería y Turismo (FEHT) de la provincia de Las Palmas y la Asociación de Empresarios Turísticos de Fuerteventura (Asofuer), tienen claro que la senda de fijar un tope de plazas no es la que debe tomar la primera industria de la región. El vicepresidente de la FEHT, Tom Smulders, resume las razones de la patronal para oponerse a limitar el número de turistas en dos premisas: en las Islas ni hay saturación ni hay turismofobia. Dos hechos que están relacionados entre sí y que no se han producido en la Comunidad Autónoma precisamente por su particular modelo de actividad, que ha reducido la superficie que ocupan las áreas turísticas a tan solo un 1,76% de la extensión de Canarias.
"El suelo turístico no llega en ninguna de las islas al 4%, de modo que es radicalmente falso eso de que el sector se ha desbordado", enfatiza el gerente de Ashotel, Juan Pablo González, que hace hincapié en cómo las reservas de suelo destinadas para la actividad han impedido la mezcla de usos que padecen otros destinos y que ha desembocado ahora en una difícil convivencia entre residentes y visitantes. Algo que se agrava, además, por la existencia de grandes destinos eminentemente urbanos -Baleares o Palma de Mallorca, por ejemplo- en los que compatibilizar las necesidades de habitantes y extranjeros no resulta sencillo, un tipo de turismo urbano por el que no se caracteriza la oferta de la región. "Así que la percepción de masificación en Baleares es muy superior a la que podríamos tener nosotros", agrega el gerente de Ashotel, que apunta otros dos factores que han contribuido a distinguir el modelo turístico canario del balear. Por un lado, el tamaño, ya que el Archipiélago tiene 2.501 kilómetros cuadrados más de extensión que el territorio mediterráneo; por otro, la estacionalidad, que en Canarias ya es prácticamente inexistente y que en Baleares concentra la mayor parte de los turistas en unos pocos meses del año, lo que aumenta esa sensación de masificación. "El nuestro es un modelo que otros destinos quieren copiar; fijar un número máximo de plazas no debe ser el objetivo", dice González.
Tom Smulders coincide con González y sentencia que el turista no viene a las Islas a "invadir" zonas residenciales, básicamente porque el espacio destinado específicamente para la actividad "está muy limitado" tanto por la ordenación geográfica como por la propia normativa. De hecho -recuerdan desde la patronal-, la capacidad de carga del Archipiélago ha sido tenido en cuenta en las leyes de directrices y en la polémica moratoria de 2001 y que precisamente perseguía evitar un pretendido desbordamiento del sector y sus posibles repercusiones negativas en el territorio, el medio ambiente y demás. La moratoria frenó la clasificación de más suelo como turístico.
Con todo, la patronal canaria sí ve con interés un apartado de la nueva ley del Govern, en concreto el que regula -o más bien bloquea- el negocio del alquiler vacacional, el principal caballo de batalla de las relaciones entre el empresariado y el gobierno de Fernando Clavijo en los últimos meses. No en vano es esta actividad ilegal, la de los pisos turísticos, la que a juicio de la patronal pone en riesgo esa pacífica y amistosa convivencia que mantienen los residentes y los turistas en el Archipiélago. "Lo que sí nos ha invadido es la vivienda vacacional, que de repente nos ha puesto 140.000 camas más sin ningún control", lamenta el presidente de Asofuer, Antonio Hormiga, quien puntualiza que de no ponerse remedio a la proliferación de la actividad -la ley balear prohíbe alquilar pisos a los turistas y prevé sanciones a plataformas que, como Airbnb, publiciten esta oferta-, ahí estará el germen de la turismofobia. Hormiga recuerda que barrios como Guanarteme, en la capital grancanaria, ya sufren la falta de alquileres para residentes y problemas de convivencia que genera la vivienda vacacional.
