Representantes de la Unión General de Trabajadores (UGT) de Canarias reclamaron ayer al Ejecutivo regional que impida las contrataciones en precario por parte de las empresas que resulten adjudicatarias de las licitaciones que promueve la Administración de la Comunidad Autónoma. En concreto, la de vigilantes de seguridad, para lo que instaron a los viceconsejeros de Empleo y Políticas Sociales, Emilio Atiénzar y Francisco Candil, respectivamente, a introducir en las bases de los concursos cláusulas sociales que impidan contrataciones que conlleven salarios inferiores a las cantidades fijadas en los convenios.
La petición se realizado con motivo de la reunión de representantes de UGT, además de CSIF y USO, con Atiénzar y Candil, para perfilar el concurso de adjudicación del servicio de vigilancia en el Centro de Menores de Valle Tabares, de Santa Cruz de Tenerife, según explicó en un comunicado la primera de las organizaciones de representación de los trabajadores.
A la adjudicación aspiran dos empresas, Sinergias de Vigilancia y Seguridad y Alcor Seguridad, "ambas con convenio de empresa por debajo del nivel establecido por el sectorial". Eso "repercute negativamente en los trabajadores, propiciando casos de precariedad", incidió el sindicato, que responsabiliza a la Administración de permitir que se produzcan estos casos.
La pretensión de UGT es que el Gobierno incluya cláusulas en los concursos que dejen en el camino a las empresas que, toda vez que se hagan con el servicio, pongan antes los trabajadores contratos leoninos y escasamente remunerados. El sindicato aseguró que los viceconsejeros se comprometieron a estudiar su demanda.
