Seguridad Integral Canaria (SIC) pretende que su salida del mercado de la vigilancia presencial no conlleve una pérdida de puestos de trabajo. Así lo indicaron ayer fuentes de la empresa, que especificaron que la reducción de personal a la finalización del proceso de reestructuración alcanzará entre el 50% y el 60%, es decir, afectará a un mínimo de 1.250 trabajadores y a un máximo de 1.500.
La empresa fundada por el presidente de la UD Las Palmas, Miguel Ángel Ramírez, máximo accionista y presidente de SIC, perfila aún los detalles del adelgazamiento de su porfolio. Si bien está clara la retirada de la actividad para la que la compañía fue creada en 1995, esta no será del todo lineal. Existen matices, como, por ejemplo, el mantenimiento de la presencia en Metro de Madrid, donde trabajan 500 vigilantes.
Es una excepción, pero no la única. También continuará prestando servicio a la Autoridad Única de Transporte de Gran Canaria, aunque por motivos diferentes. La Ley de Contratos del Estado solo permite que una mercantil sustituya a la adjudicataria de un concurso cuando haya transcurrido el 20% del tiempo del contrato o se haya ejecutado el 20% del presupuesto. Hace alrededor de dos años que SIC ganó el concurso para la vigilancia en las infraestructuras de la red de transporte insular, pero la resolución se judicializó y no fue sino hasta hace menos de dos meses cuando comenzó a operar.
En ese ámbito de concesiones públicas, las sociedades interesadas en continuar con la prestación del servicio se hacen titulares de los derechos y obligaciones, entre las que, según los datos que maneja la compañía, se encuentra la subrogación de la plantilla. SIC cuenta en la actualidad con 2.500 empleados, sumados los de la división de vigilancia presencial, el transporte de fondos, los sistemas tecnológicos de vigilancia (centrales receptoras de alarmas y servicios de videovigilancia) y el resto (administración, marketing...).
Pérdida de Defensa
Sobre ese número de trabajadores es sobre el que la dirección de la empresa aplica la reducción. La mayoría de ellos -1.700- desempeñan su labor en las Islas. Hace solo dos meses el número total de trabajadores ascendía a 3.700, pero la pérdida de algunos servicios redujo el número de manera drástica.
En esa aminoración de la carga de trabajo tiene fuerte protagonismo la no renovación de la adjudicación para la vigilancia de las instalaciones adscritas al Ministerio de Defensa. La competencia en el sector es feroz. Se ha pasado de 200 empresas que había en toda España en el año de creación de SIC, a 1.850 en la actualidad.
La búsqueda de empresas a las que traspasar los servicios adjudicados ya ha comenzado. Siempre se incluye la subrogación del personal como condición. En cualquier caso, la decisión de abandonar este segmento de negocio y centrarse en el transportes de fondo y los sistemas de vigilancia es firme. Eso sí, el abandono unilateral de cualquier servicio, supondría sanciones para SIC, que perdería parte de la fianza depositada al presentarse a los concursos.
