Cerca de 20.000 pensionistas canarios cobran cada mes dos o más prestaciones de la Seguridad Social de forma simultánea. Un número que representa prácticamente un 7% de los 289.067 pensionistas que el Ministerio de Empleo contabilizaba en el Archipiélago a finales del mes pasado. En otras palabras: siete de cada cien personas que perciben en las Islas prestaciones contributivas ingresan mensualmente por dos conceptos, en su mayoría -un 90%- mujeres que cobran tanto por jubilación como por viudedad, un fenómeno socioeconómico que figura entre los puntos fundamentales que tendrá que abordar la comisión del Pacto de Toledo en los próximos meses.
En toda España son alrededor de 1,1 millones las personas que reciben a la vez dos o más pensiones públicas. Entre ellas están las 869.934 que cobran al mismo tiempo un mínimo de dos prestaciones de la Seguridad Social, de las cuales un total de exactamente 19.552 son residentes en la Comunidad Autónoma. A esos casi 870.000 multipensionistas se suman, hasta esos 1,1 millones de beneficiarios de más de una prestación pública, unos 230.000 más que ingresan de las arcas estatales y también de las de su autonomía o provincia a través de subsidios que pagan los gobiernos regionales, provinciales o, en el caso de Canarias, insulares, es decir, los cabildos.
Esta concurrencia de pensiones, que es el término acuñado por los expertos para referirse a esta situación, ha cobrado relevancia una vez que la crisis económica ha puesto contra las cuerdas la viabilidad del actual sistema de la Seguridad Social. El déficit del sistema -la diferencia entre los ingresos, principalmente las cotizaciones sociales de empresarios y trabajadores, y los gastos, básicamente el pago de prestaciones- llegó el último ejercicio a más de 18.000 millones en números rojos, toda una losa que pone en duda que se siga permitiendo percibir más de una pensión pública siempre que la suma de las ayudas no supere la prestación máxima, que este año es de 2.573,7 euros. Más allá de esta condición, la normativa española, a diferencia de, en general, las del resto de países europeos, no tiene en cuenta ni las rentas ni la situación patrimonial del beneficiario, una circunstancia que ya ha llevado al Ministerio a deslizar la posibilidad de poner fin a la proliferación de los multipensionistas, lo que, en todo caso, no afectaría a quienes lo son actualmente.
Notable incremento
Lo cierto es que las estadísticas del Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) descubren cómo el número de estas personas que cobran dos o más pensiones ha crecido notablemente en los últimos años. A mediados de 2007, cuando el primer capítulo de la crisis económica, el de las hipotecas basura o subprime, aún no había estallado, en las Islas había poco más de 13.000 multipensionistas, de modo que el incremento en el último decenio es de un 48,3%. De hecho, los datos del INSS también revelan que ese aumento de un 48,3% en la Comunidad Autónoma es mucho mayor que el experimentado en el conjunto del país, donde los beneficiarios de más de una pensión pública pasaron de sumar 740.904 a 31 de julio de 2007 a sumar 869.934 el mes pasado, un crecimiento de un 17,4%, prácticamente 31 puntos por debajo del que ha tenido lugar en el Archipiélago.
Es este escenario de déficit del sistema e incremento del número de multipensionistas el que subyace en las palabras que el secretario de Estado de Seguridad Social, Tomás Burgos, pronunció al respecto en el Senado. El representante del gobierno de Mariano Rajoy hizo hincapié en la Cámara Alta en la importancia de empezar a "prestar atención" a este fenómeno, y todas las miradas se dirigen hacia la pensión de viudedad.
No en vano, y de no acordarse cambios en el sistema en el seno del Pacto de Toledo -la comisión parlamentaria encargada de abordar los asuntos relacionados con las pensiones-, la cifra de personas que ingresan más de un subsidio no dejará de crecer, y fundamentalmente por el cada vez mayor número de ciudadanos que cobrarán a la vez por jubilación y por viudedad. La razón es que la actual ley de seguridad social es de 1963, cuando la tasa de actividad de las mujeres apenas era de un 20%, una tasa de actividad que hoy en día supera de media el 53% e incluso llega a un 84% en el caso de las féminas de entre 25 y 35 años. Así pues, el nivel de ocupación de la mujer ha crecido en paralelo a la misma sociedad.
Y ¿qué ocurre entonces? Pues que ese gran porcentaje de mujeres casadas que antes no se incorporaban al mercado laboral y ahora sí recibirán en el futuro su pensión de jubilación y, si se quedan viudas, también la de viudedad. Además, y en el caso contrario, esto es, de ser sus parejas quienes se queden viudas, estas disfrutarán de los mayores derechos a cobrar la pensión generados por sus cónyuges. En definitiva, la ley resulta en este punto extemporánea cuando la mujer está plenamente integrada en el mercado laboral, al menos a juicio de quienes defienden la necesidad de modificar la norma en lo tocante a la pensión de viudedad, que de momento se mantiene en el sistema contributivo pese a la idea del Gobierno de sacarla para empezar a sufragar su coste -también el de la pensión de orfandad- vía presupuestos generales del Estado.
En Canarias, los 289.067 pensionistas cobran un total de 308.619 pensiones.
