Hace tres años operar con drones en Canarias era una actividad minoritaria y, de hecho, prácticamente inexistente. Pero la fiebre de las RPA (Remotely Piloted Aircraft) -aeronaves pilotadas por control remoto- que se ha desatado no parece tener fin desde entonces. El número de operadores autorizados en el Archipiélago para manejar estos aparatos, que lo mismo pueden servir para un bombardeo militar que para el reportaje fotográfico de una boda o comunión, se ha duplicado en el último año, y ello aun cuando la actual normativa restringe las cada vez mayores posibilidades que ofrecen los drones. En cifras, hoy ya son en las Islas 123 los operadores que cuentan con el beneplácito de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea (AESA), en su mayoría empresas de fotografía y filmaciones.

Esos datos ponen de manifiesto que las expectativas de negocio en el sector de las RPA no han dejado de crecer a pesar de que la ley actual, de 2014, limita sobremanera el potencial de estos aparatos. Hace tres años, no había ni un solo operador autorizado en todo el país, mientras que "actualmente hay 2.513 operadores habilitados en la AESA; en tres años hemos pasado de cero a más de 2.500", explican desde el organismo público dependiente del Ministerio de Fomento. Todo un boom que ha tenido reflejo en Canarias, donde las 29 empresas e instituciones autorizadas a comienzos del año pasado para el manejo de drones han crecido la friolera de un 324%. Esos 29 permisos aumentaron hasta finales de agosto de 2016 hasta 62, un año después ya son el doble.

La demanda es tal que incluso las comunidades autónomas han entrado en una suerte de carrera por tomar el liderato en el sector. El ejemplo más claro es el de Galicia, que en cierta medida se ha colocado en la pole position gracias al Centro de Investigación Aeroportada de Rozas (CIAR), unas instalaciones fruto de la colaboración público-privada destinadas para el ensayo con aviones no tripuladas. En Canarias, aunque en menor dimensión, también se han dado algunos pasos. El Parlamento regional aprobó el año pasado una propuesta del PSOE por la que insta al Gobierno canario a contribuir al afianzamiento del sector en las Islas. Además, hay municipios que se han tomado especialmente en serio la tarea de empujar al desarrollo de la actividad, como es el caso de Candelaria, en Tenerife. El municipio mariano ha celebrado estos días la segunda edición de su Candelaria Drone Festival, un evento que tiene como objetivo la promoción de estos aparatos y generar interés sobre todo entre la población más joven.

El exponencial crecimiento de los operadores en la región se extiende a las dos provincias: en el último año han pasado de 29 a 51 en la provincia de Santa Cruz de Tenerife y de 33 a 72, un 118% más, en la de Las Palmas. Un auge que parece inagotable y que se ha producido a pesar de que la legislación que se promulgó en 2014 para empezar a poner en orden el sector -los drones empezaron a sobrevolar España sin control normativo alguno- es manifiestamente restrictiva. La mera posibilidad de que uno de estos aparatos cayese sobre zonas pobladas es la que subyace en ese carácter restrictivo de la ley, que de algún modo antepuso la seguridad al desarrollo del sector de los drones. Así pues, según han pasado los meses y a medida que esta tecnología ha ido evolucionando, los empresarios han levantado cada vez más la voz reclamando una actualización legislativa que, sin embargo, aún no se ha producido.

Al respecto, desde la AESA exponen que aún no puede darse la fecha exacta de cuándo la nueva ley -que está redactada- entrará definitivamente en vigor. No obstante, fuentes de la agencia sí adelantan que la norma abrirá notablemente el abanico de posibilidades de uso y, por tanto, impulsará la actividad y los negocios en torno a los drones. Permitirá, por ejemplo, sobrevolar zonas urbanas y de aglomeraciones y también operaciones nocturnas siempre que se respeten una serie de requisitos. Hasta ahora solo era posible elevar el dron en zonas despobladas, lo que, además, ha dado lugar a las quejas de los profesionales habilitados por la AESA por el aumento de una competencia desleal que no tiene reparos en saltarse la normativa.

El boom de las RPA ha llevado a la agencia dependiente de Fomento a poner en marcha desde el año pasado un programa de inspecciones, que continúa en marcha, de los negocios autorizados para manejar drones.

Desde 2014, cuando se promulgó la ley en vigor, la AESA ha incoado un total de 116 expedientes sancionadores relacionados con el uso inadecuado de estas aeronaves no tripuladas. De ese total de expedientes abiertos, la gran mayoría, hasta 99, han concluido con la imposición de multas que suman 530.000 euros, "la más alta por un importe de 14.500 euros y la más baja por 300 euros", explican desde el organismo público. En cuanto a la causa de las sanciones, la mayor parte obedece a tres razones fundamentales: realizar trabajos con drones sin ser un operador autorizado; usar aeronaves que no cumplen los requisitos necesarios y sobrevolar zonas no permitidas.

Hay que recordar que las sanciones a una persona física por el uso indebido de un dron pueden alcanzar los 225.000 euros y que en el caso de una persona jurídica -empresas y demás entidades- pueden ascender a la friolera de 4,5 millones de euros en función de la gravedad del hecho, tal como determina el artículo 55 de la ley de seguridad aérea, recuerdan desde la AESA.