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Los juzgados de cláusulas suelo piden refuerzos ante el aluvión de demandas

Los órganos especializados de Las Palmas de Gran Canaria y La Laguna solicitan la incorporación de un gestor y un auxiliar judicial

Carlos Lesmes Serrano. EFE

El aluvión de demandas por las cláusulas suelos en los tres juzgados especializados de Canarias ha conducido a dos de estos órganos a pedir refuerzos. Tres meses después de que el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) presidido por Carlos Lesmes Serrano pusiera en marcha el plan urgente para hacer frente al incremento de los pleitos ligados a condiciones hipotecarias que han sido declaradas abusivas por la Justicia, los juzgados de Las Palmas de Gran Canaria y La Laguna, dedicados en exclusiva a resolver el atasco de litigiosidad que han supuesto estos recursos han solicitado la incorporación de un gestor y de un funcionario del cuerpo de auxilio.

El desdoblamiento de tribunales ordinarios en todas las comunidades autónomas para hacer frente a esta situación no ha funcionado con la agilidad que se pensaba. Desde que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (UE) dictaminase a finales de diciembre de 2016 que la banca tenía que devolver lo cobrado de más por las cláusulas suelo opacas -ya que con ellas impedían que los clientes se beneficiasen de las bajadas de los tipos de interés-, la avalancha de demandas ha sido tal que en un solo mes los 54 juzgados de Primera Instancia de todo el país especializados en esta materia ya acumulaban 15.801 reclamaciones.

Solo en Canarias se han registrado 765; 409 en la provincia oriental y 356 en la occidental. En Las Palmas de Gran Canaria lleva a cabo esta tarea el Juzgado número 6 de Primera Instancia, con Yanira González como única jueza en atender estas demandas. En Tenerife asume esta función Elisa Soto en el Juzgado número uno de San Cristóbal de La Laguna y en Lanzarote es la jueza Raquel Rivero la que resuelve las reclamaciones en el Juzgado número uno de Arrecife. En los dos primeros casos, los órganos contaban ya con un auxilio judicial y un tramitador, pero dado el volumen de demandas los apoyos han resultado ser insuficientes. En el caso de Lanzarote no existe un juez en exclusiva para atender este tipo de acciones, por lo que a Rivero se le ha liberado de otros asuntos para compensar su actividad.

El pasado 1 de junio, los órganos judiciales especializados de todo el país abrieron sus puertas rodeados de críticas y recelos. Tanto operadores jurídicos como sindicatos advirtieron entonces del peligro que suponía dejar en manos de un solo juzgado la tramitación de las demandas por la comercialización de hipotecas con cláusulas abusivas. No solo porque podía quedar en manos de un solo juez la resolución de las causas, sino también por el riesgo de colapso ante la falta de medios y las dudas sobre la efectividad de esta medida.

Antes de que se pusiera en marcha el plan del CGPJ, el órgano de gobierno de los jueces se reunió con representantes del Ministerio de Justicia y las comunidades autónomas con competencias transferidas en esta materia para trasladarles las acciones previstas y analizar las posibles necesidades. En junio también se mantuvieron encuentros con los jueces decanos para evaluar el funcionamiento de los juzgados y a lo largo de este mes están previstas más citas con el Ministerio y las regiones.

La situación de Canarias es extensible al resto de territorios, pues el colapso ha alcanzo a muchos órganos judiciales. No en vano, en un solo mes, Andalucía registró 3.319 reclamaciones, Madrid 2.803, la Comunidad Valenciana 1.411 y Cataluña 1.293.

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