Un total de 84 establecimientos turísticos de la Comunidad Autónoma -hoteles y apartamentos- han solicitado la autorización administrativa para acogerse a los incentivos de la ley de renovación y modernización turística de Canarias. Un número que supone un 2,37% de los 3.532 alojamientos hoteleros y extrahoteleros -apartamentos y similares- que hay en el Archipiélago. Así pues, solo dos de cada cien establecimientos de las Islas se han rehabilitado hasta la fecha al amparo de la normativa que redactó el anterior Gobierno regional, que presidía Paulino Rivero.
¿Significa esto que solamente dos de cada cien hoteles y apartamentos se han modernizado desde la promulgación de la ley a mediados de 2013? No. Pero sí pone de manifiesto que muchos de los empresarios que deciden rehabilitar sus establecimientos turísticos ni siquiera solicitan acogerse a los incentivos que prevé la norma. "No los solicitan porque no los van a poder materializar", explica el viceconsejero de Turismo del Ejecutivo autonómico, Cristóbal de la Rosa. No en vano, la ley de renovación y modernización, que en su día dio lugar a una fuerte controversia porque inicialmente solo permitía construir hoteles de menos de cinco estrellas si se levantaban sobre edificaciones ya existentes -lo que levantó ampollas sobre todo en Gran Canaria-, premia la rehabilitación de establecimientos con plazas o camas adicionales. Sin embargo, para poder disfrutar del premio deben cumplirse una serie de requisitos. Si un promotor se gana el derecho a X plazas más y esas plazas no se incorporan al hotel renovado, el empresario puede habilitarlas en otro lugar de la misma isla, pero a veces, por ejemplo, hay problemas de disponibilidad de suelo.
Uno de los objetivos declarados que perseguía el gabinete de Rivero con la promulgación de la ley era promover la subida de categoría -de cuatro a cinco estrellas, por ejemplo- de los establecimientos más antiguos. La idea era cambiar la cara de los núcleos turísticos más viejos del Archipiélago y, de alguna forma, devolverlos a la vanguardia de la oferta. De los 84 hoteles y apartamentos que han solicitado acogerse a los incentivos de la ley, son 48 los que presentaron proyectos de renovación o rehabilitación para dar un salto de categoría, de los cuales ocho se ubican en Fuerteventura; 25 están en Gran Canaria; 14, en Lanzarote; y solamente uno, en alguna de las islas de la provincia de Santa Cruz de Tenerife, en concreto el Hotel Marquesa de Puerto de la Cruz, en la isla del Teide.
La lista de los 84 establecimientos incluye así 11 alojamientos de Fuerteventura, 39 de Gran Canaria, 15 de Lanzarote y 19 de Tenerife, mientras que los datos oficiales no incluyen hoteles y/o apartamentos ni de La Palma, ni de La Gomera, ni de El Hierro.
Así consta en las respuestas que la Consejería de Turismo, Cultura y Deportes, que desde hace unas semanas dirige Isaac Castellano en sustitución de María Teresa Lorenzo, acaba de trasladar a los diputados Miguel Jorge Blanco, del Partido Popular, y Román Rodríguez, de Nueva Canarias. Una información que revela que las plazas extras o adicionales a las que han dado lugar los proyectos de rehabilitación que se han puesto en práctica hasta la fecha son un total de 1.452. Para contextualizar esta cantidad basta con recordar que el total de plazas o camas turísticas regladas en la Comunidad Autónoma es de alrededor de 423.000, de modo que el sector hotelero y extrahotelero ha ganado con los incentivos de la norma el derecho a un incremento equivalente a un 0,34%, que, además, se concentra en solo dos de las siete islas.
En concreto, "los derechos a nuevas plazas adicionales otorgados por la autorización o realización de proyectos de renovación", expone la Consejería de Turismo, son de 235 plazas en Fuerteventura y de 1.217 en Gran Canaria.
Si se toma como referencia el número de camas, las solicitudes de rehabilitación al amparo de la ley turística de Canarias suman, exactamente, 32.090 camas, menos de un 8% del total de plazas que hay en la región. Para contextualizar esta cantidad basta con recordar que el expresidente Paulino Rivero defendió la necesidad de renovar hasta 250.000 camas, de modo que la normativa, cuando menos de momento, solo ha llegado a un 12,8% de las necesidades de rehabilitación que calculaba el exdirigente. El resto de procesos de mejora de establecimientos se han llevado a cabo sin que los empresarios hayan exigido para sí los incentivos a la renovación y modernización que establece la ley, en muchos casos por esa incapacidad para materializarlos que apuntan desde la consejería.
