Los más de 8.000 abogados y procuradores que ejercen en Canarias rechazan las inspecciones masivas promovidas por el ministro Cristóbal Montoro para fiscalizar la actividad profesional de los juristas y detectar así posibles fraudes por ingresos no declarados a la Agencia Estatal de la Administración Tributaria (AEAT).
La controversia comenzó a fraguarse el pasado 20 de julio, fecha en la que la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) autorizó la remisión a Hacienda de todos los datos sobre procedimientos judiciales con trascendencia tributaria, con la finalidad de controlar la participación en dichos procesos de letrados y procuradores en los años 2014, 2015 y 2016.
La autorización del CGPJ para que juzgados y tribunales remitan información de los pleitos a la Administración Tributaria ha causado indignación en los abogados. El colectivo, que está integrado por más de 100.000 miembros en el ámbito nacional, ha tenido ya varios enfrentamientos con los ministros del Gobierno, desde la polémica ley de tasas de Gallardón, hasta la propuesta de aplicar el IVA a la facturación o ahora esta inspección general para detectar posibles bolsas de fraude por ingresos no declarados.
El Consejo General de la Abogacía Española, en ese sentido, quiere recurrir la resolución del CGPJ ante el Tribunal Supremo (TS), con la intención de solicitar la suspensión cautelar y forzar la paralización de dicha iniciativa fiscal lo antes posible. Los colegios de abogados y de procuradores de Canarias, a través de sus presidentes en la dos provincias, aseguran que apoyan dicho recurso porque consideran ilegal una inspección general a sus colegiados.
El decano de Abogados de Las Palmas, Rafael Massieu, lamenta que Hacienda "siembre la duda sobre el cumplimiento de las obligaciones fiscales y ponga bajo sospecha a todo el colectivo". Massieu explica que los tribunales económicos administrativos suelen considerar "irregular" las peticiones masivas de información con estos fines, por lo que espera que el recurso del Consejo General de la Abogacía prospere y Montoro recule en su plan de recabar los datos de los pleitos.
En Las Palmas hay entre 3.500 y 4.000 abogados susceptibles de ser investigados, una cifra similar a la de Santa Cruz de Tenerife, explica su decano, José Manuel Niederleytner. "Rechazamos esas inspecciones generales y apoyamos el recurso que va a presentar el Consejo General de la Abogacía", asegura el presidente tinerfeño.
El gremio de los procuradores se opone con más contundencia aún porque llevan "años" sufriendo "este abuso de poder" que "bordea la ilegalidad", señala su decano en Las Palmas, Óscar Muñoz. Según este presidente, las inspecciones a su colectivo "no son ninguna novedad", pues Hacienda ha empezado a fiscalizar la labor de estos despachos en base a un listado facilitado por el ministerio con el nombre de todos los procuradores que son titulares de los pleitos. En Las Palmas hay 340 procuradores y ya han sido inspeccionados un "alto porcentaje" de ellos, añade Muñoz.
Lo mismo ocurre en Santa Cruz de Tenerife, donde se han realizado entre 50 y 60 inspecciones sobre un total de 220 procuradores, revela el presidente del colegio, Miguel Rodríguez. "Estamos totalmente en contra de que el CGPJ facilite esos datos. Están intentando cobrar trámites que no son nuestros. Muchas veces las estadísticas de los juzgados no se corresponden con el trabajo que hemos realizado", afirma el decano tinerfeño.
Los datos que ahora reclama Hacienda son el nombre de cada abogado y procurador, el NIF, su número de colegiado, las fechas de inicio y fin de cada pleito, su naturaleza y el importe. También demandaban el nombre del cliente, pero el CGPJ se negó porque eso vulnera la protección de datos.
