Una decena de comunidades autónomas liderada por Cataluña y Valencia mantiene bloqueadas las negociaciones con el Ministerio de Empleo y Seguridad Social para la reactivación de las ayudas de entre 400 y 457 euros del plan Prepara. El Gobierno de Canarias, que no contaba con que surgieran nuevos problemas administrativos para resolver un embrollo que ha dejado sin ingreso alguno a miles de parados en todo el país, pidió ayer que se flexibilicen las posturas para evitar así que unas 1.500 familias del Archipiélago en especiales dificultades socioeconómicas pierdan este subsidio.
Una reciente sentencia del Tribunal Constitucional, a raíz de un recurso del País Vasco, reconoce que la competencia en la gestión del plan Prepara deben tenerla las comunidades. El Ministerio había manifestado su intención de renovar el programa de ayudas a pesar de que la tasa de paro nacional ha bajado del 18%, que era la referencia para el mantenimiento o la suspensión del Prepara, un plan de carácter extraordinario destinado para desempleados que hayan agotado todas las prestaciones y subsidios a las que tenían derecho. La sentencia, sin embargo, impide al Gobierno central volver a reactivar las ayudas -lo que venía haciendo desde 2011 cada seis meses- si las autonomías no ceden antes la competencia al Ministerio. Y no basta con que una o más regiones accedan a ceder la gestión, sino que el acuerdo para el traspaso de competencias ha de ser unánime.
Los beneficiarios de este subsidio extraordinario, una media mensual de 1.483 personas sin recursos solamente en las Islas -dos de cada tres son mujeres-, llevan sin cobrar la ayuda desde el 16 de agosto, cuando expiró la última prórroga, a causa de este problema administrativo.
El director del Servicio Canario de Empleo (SCE), Sergio Alonso, asistió este martes a la reunión preparatoria de la Conferencia Sectorial de Empleo para poner sobre la mesa la voluntad del Ejecutivo regional de ceder la competencia al Ministerio que dirige Fátima Báñez. No en vano, el Gobierno que preside Fernando Clavijo cree necesario acelerar el proceso -tras la cesión de competencias el Gabinete estatal tendrá todavía que publicar el pertinente real decreto- para que estas personas vuelvan a cobrar la ayuda cuanto antes. Esta prórroga excepcional del Prepara evitaría que quedaran desprotegidos esos casi 1.500 canarios con cargas familiares y sin ingreso alguno hasta el próximo abril, y mientras, los ejecutivos central y autonómicos y los agentes sociales -patronal y sindicatos- aprovecharían ese tiempo para solucionar el problema competencial y reordenar los distintos instrumentos para proteger a los parados de larga duración, esto es, la Renta Activa de Inserción (RAI), el Programa de Activación para el Empleo (PAE) y el mismo Prepara. Pero, de momento, y salvo que se produzca un giro en la conferencia sectorial que se celebrará este próximo lunes, la idea de Báñez, que para dar velocidad a la solución envió una propuesta de acuerdo y un borrador del real decreto a los distintos gobiernos regionales, recibirá el "no" de la mayoría de comunidades, lo que en la práctica implicaría que los beneficiarios seguirían sin percibir la ayuda.
Y ¿dónde está ahora el problema? El director del SCE explicó ayer que las autonomías que han bloqueado las negociaciones, entre ellas Cataluña y la Comunidad Valenciana, exigen que el subsidio del Prepara sea compatible con los subsidios de ámbito regional, es decir, la Renta de Garantía de Ingresos del País Vasco, la Renta Valenciana de Inclusión o la propia Prestación Canaria de Inserción (PCI). Alonso puntualizó que al Ejecutivo de las Islas también le parece bien este planteamiento, solo que considera imprescindible, dadas las circunstancias y las miles de personas que se han quedado sin ingresos, priorizar la reactivación de las ayudas y, acto seguido, buscar una solución definitiva para el largo plazo.
Una de las razones que explican la postura de estas comunidades es que, en general, los subsidios que dan los gobiernos autonómicos son de mayor cuantía, de modo que los potenciales beneficiarios solicitan las ayudas de su región antes que las del Prepara, lo que, en definitiva, agota las partidas para tal fin en los presupuestos territoriales. Estas regiones quieren que ambos programas sean compatibles hasta una determinada cuantía, algo a lo que no se opone el Ministerio; sin embargo, y desde un punto de vista "técnico", el Gobierno avisa de que esta reforma normativa exige tiempo, con lo que las personas no podrían cobrar hasta que se terminara.
