Los acuerdos que deberían alcanzar los destinos con las plataformas digitales podrían incluir, según apunta la Organización Mundial del Turismo, acuerdos para que ningún edificio tenga permitido alquilar más del 20% de su capacidad para uso turístico. De este modo se preservaría su carácter residencial. Pero hasta ahora los sectores turístico y digital apenas han dialogado, y cuando lo han hecho ha sido a través de procesos judiciales en los que cada uno hace valer sus argumentos. Cataluña ha tenido que defender así su decisión de prohibir la publicidad de viviendas ilegales en las plataformas. Pero no es la única solución que se baraja. El Gobierno luso, por ejemplo, está inmerso en un proyecto de ley que obligaría a los propietarios a pagar una mayor cuota de los gastos de la comunidad.
