Los empleados públicos podrían tener en 2018 una subida salarial en torno al 2%, la mayor desde el año 2009, pero insuficiente para recuperar de una manera significativa parte del poder adquisitivo pérdido en los últimos siete años, según la queja de las organizaciones sindicales. El Ministerio de Hacienda concretó ayer una propuesta para tres años que incluye una parte fija y otra variable y que para el conjunto de período 2018-2020 supondrá un incremento máximo agregado del 7%. Las organizaciones sindicales consideraron insuficiente la oferta gubernamental, aunque anoche aún se mantenían vivas las negociaciones.

La representación del Ministerio de Hacienda llevó a la cita con los sindicatos de la función pública una propuesta un poco más generosa que la esbozada una semana antes: el techo de la subida para los próximos tres años se plantea en el 7%, frente al 6% de la primera oferta. Y se mantiene el propósito de cambiar el procedimiento de actualización, con una subida fija, en torno al 1,5% anual, y otra variable en función del comportamiento del producto interior bruto (PIB). Anclar así los salarios a la evolución de la economía -cuanto más sube el PIB más lo hacen los ingresos del Estado- daría margen al Gobierno para suavizar el impacto en las cuentas públicas y para persuadir a la UE de que la subida no compromete los objetivos de reducción del déficit (hasta el 2,1% el próximo año). Para 2018, el planteamiento inicial del Gobierno -sujeto a los posibles cambios que pudieran negociarse en la últimas horas- supone un incremento salarial en torno al 2%.

De confirmarse, ese sería el aumento de sueldo para los funcionarios y el resto de trabajadores fijos, eventuales e interinos de las tres Administraciones (central, autonómica y local), que en Canarias eran en enero120.975 personas -23.941 de la administración estatal, 60.925 de la Comunidad Autónoma, 31.442 de cabildos y ayuntamientos y 4.667de universidades- .

UGT, CC OO y CSIF apuntaron que la oferta está muy lejos de sus aspiraciones y de los números que permitirían una recuperación relevante del poder adquisitivo perdido desde 2010. Las citadas organizaciones pedían un 20% de aumento agregado entre 2018 y 2020, a razón de más del 6% anual.

Los trabajadores públicos han tenido subidas del 1% en los dos últimos años, con ganancias de capacidad de compra debido a que la inflación media fue negatia en esos años. Sin embargo, en los cuatro años precedentes (2011-2014) los sueldos permanecieron congelados y registraron pérdidas de poder adquistivo. En 2010, las plantillas del sector público sufrieron el principal ajuste salarial: un recorte medio del 5% en sus nóminas y la supresión en ese ejercicio de una paga extraordinaria cuyo importe recuperaron en fases a partir de 2015. Los cálculos sindicales varían y cifran la devaluación de los salarios públicos desde 2010 en una horquilla que oscila entre el 13% y el 20%.

La negociación entre el Gobierno y los sindicatos alcanza también a la jornada laboral. Los trabajadores públicos quieren recuperar la semana de 35 horas, que en 2011 se elevó a 37,5 horas para la mayor parte de ellos. El Ejecutivo se ha mostrado hasta ahora reacio a hacer esa concesión a pesar de que varias comunidades autónomas se han manifestado dispuestas a restablecer las 35 horas, algo legalmente inviable sin la autorización gubernamental.

Con independencia de la negociación de anoche, la cifra definitiva de la actualizacion salarial se fijará en la Mesa General de Negociación de las Administraciones Públicas, que se convocará para mañana y en la que se sientan sindicatos, Administración central, autonomías y ayuntamientos.