La Comunidad Autónoma tendrá que pagar los intereses de demora por el retraso en el pago de los salarios de los empleados a los que redujo las retribuciones un 20% entre enero y abril de 2013. El Juzgado de lo Social número 5 de Santa Cruz de Tenerife ha dado la razón a una trabajadora del Servicio Canario de Empleo (SCE) que, además de la devolución de los recortado, demandó al organismo para que también le pagará la cantidad equivalente a los intereses de demora por los cuatro años que no ha podido contar con la cantidad que le redujeron. El SCE le abonó el salario retrasado en mayo de este año, en total 1.119,72 euros, y, además, tendrá que abonarle el 10% anual de intereses por estos últimos cuatro años, lo que equivale a 543,52 euros más.

La empleada estuvo representada en el pleito judicial por la Federación de Servicios a la Ciudadanía del sindicato Comisiones Obreras (CCOO), central que considera que este fallo es novedoso y que sienta precedente por si hay trabajadores que quieren ir por la misma vía para reclamar los intereses a los que tienen derecho.

El Gobierno canario decidió en los presupuestos autonómicos de 2013 reducir un 20% la jornada laboral y el salario del personal laboral temporal e indefinido por sentencia, alegando que era la forma de evitar reducciones de plantilla en la Comunidad Autónoma ante los recortes aplicados en las cuentas públicas. El ajuste se inició en enero y duró cuatro meses, ya que en mayo el Ejecutivo decidió revertir la situación y que los trabajadores afectados recuperasen el 20% recortado. Los sindicatos y muchos trabajadores presentaron una demanda colectiva que fue retirada cuando el Gobierno se comprometió a devolver la totalidad de los salarios recortados.

Sin embargo, hubo empleados que siguieron adelante con sus demandas de forma individual. La trabajadora que ha logrado el fallo favorable a sus tesis presentó la demanda en abril de este año. Según CCOO, la sentencia "viene a reconocer la improcedencia en la actuación del Servicio Canario de Empleo, que debió haber devuelto puntualmente la cantidad retenida a la trabajadora. Sin embargo, al haber hecho dejación de sus obligaciones, los contribuyentes se ven obligados a pagar la pésima gestión de los que deben velar por el buen uso del dinero público", critica la central sindical.