Más de 2.070 empleos aflorados, 3.331 contratos irregulares transformados y cerca de diez millones de euros en sanciones. Este es el balance de la acción de la Inspección del Trabajo y la Seguridad Social en Canarias en los seis primeros meses de este año y que a partir del próximo lunes se refuerza con la incorporación temporal de 32 inspectores más. El plan extraordinario con el que se apuntalará la plantilla -compuesta por 145 funcionarios entre inspectores y subinspectores- del Archipiélago para vigilar las irregularidades e incumplimientos de los derechos laborales fue impulsado el pasado 11 de septiembre con la firma del convenio entre el Gobierno de Canarias y el Ministerio de Empleo y Seguridad Social. Éste contempla, además, la creación de una unidad de trabajo especializada integrada por representantes de la Inspección en Canarias, la Dirección General de Trabajo y el Servicio Canario de Empleo, quienes podrán acceder a una información que le permitirán detectar las principales bolsas de fraude.

Durante el primer semestre se han producido más de 27.000 actuaciones, de las que 4.089 se realizaron para supervisar situaciones de conflictividad como impagos o retrasos de salarios o abusos en cuanto a la jornada. El resultado más evidente de esta acción fue que más de 3.000 contratos fueron convertidos al detectar, por ejemplo, que los trabajadores hacían más horas de las que le correspondían junto con la imposición de 71 infracciones en materia del control del tiempo en los contratos a tiempo parcial y 151 respecto al límite de horas extraordinarias. Para emerger los 2.070 trabajos en negro, la Inspección del Trabajo llevó a cabo 793, muchos menos que en materia de prevención de riesgos laborales, 8.070, que se tradujeron en 434 multas.

La consejera de Empleo, Políticas Sociales y Vivienda del Ejecutivo regional, Cristina Valido, explicó que lo importante no es el importe de las sanciones, que ascendió a cerca de diez millones entre enero y junio, sino la regularización del empleo. "Un trabajador que no esté dado de alto en la Seguridad Social o que lo esté por unas horas que no son las que realmente trabaja, produce un daño al propio sistema de la Seguridad Social porque no hay una cotización y perjudica a las empresas que cumplen, al producirse una competencias desleal, y al empleado. Un trabajador sin dar de alta es un trabajador sin derecho alguno", recalcó.

La inspección en materia de prevención de riesgos laborales constituye una de las prioridades del Ejecutivo regional, por lo que Valido destacó la reciente convocatoria para apoyar financieramente a todos los proyectos que mejoran esos planes en las empresas. Esta inyección de capital complementa otras acciones impulsadas desde la Consejería como las campañas de información en todas las islas y los contactos con los colectivos más afectados. Canarias ha registrado "un pequeño repunte de la siniestralidad" que obedece, según subrayó la consejera, al incremento de la actividad económica.

Valido explicó que estos datos se sitúan en la media anotada en otros años. "Ahora, con la inspección extraordinaria que viene añadida, es probable que en el último semestre la cifra puede ser mejor", señaló. Antes de reunirse con representantes de las dos patronales de las Islas y sindicatos para explicarles el plan especial, el director territorial de la Inspección del Trabajo y Seguridad Social, Francisco Guindín, señaló que los 32 inspectores de refuerzo se centrarán en tres asuntos: el control de la temporalidad, el uso fraudulento de contratos a tiempo parcial y el empleo sumergido. En total realizarán 1.280 actuaciones. "Hay un número de empresas que hay que inspeccionar y, una vez acabada esa cifra, volverán a sus destinos habituales", detalló Valido.

Los sectores que más fraude laboral presentan son el del turismo y la hostelería, una situación que se explica por su mayor peso en la economía del Archipiélago. Canarias, según indicó Guindín, destaca por la alta temporalidad en sus contratos. Las sanciones, en función de la gravedad de los casos, oscilan entre los 50 y los 890.000 euros.