La posibilidad del gas natural licuado (GNL) como fuente energética se aleja más de las Islas. La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha negado al operador gasista español, Enagás, la construcción de la planta regasificadora de la localidad tinerfeña de Granadilla por su "inviabilidad" económica. El varapalo se une a la negativa del Cabildo de Gran Canaria y los municipios del Sureste a albergar la prevista en Arinaga.

En un informe fechado el 7 de septiembre, la CNMC rechaza la construcción de la infraestructura porque duda, incluso, de que una eventual falta de rentabilidad y hasta de uso pueda afectar parcialmente al conjunto del sistema gasista.

Las conclusiones del documento sostienen la inconveniencia de "tomar en estos momentos la decisión de autorizar la construcción de la Planta de GNL de Granadilla hasta que no se disponga de (...) garantías de uso de la planta y de los correspondientes estudios económicos que comprueben la sostenibilidad económica del sector del gas natural, tras la gasificación de las Islas Canarias, y, en su caso, se establezcan las medidas necesarias para garantizar la sostenibilidad económica del sistema gasista mediante la reducción de otras partidas de costes o el incremento de los ingresos, según establece el artículo 59 de la Ley 18/2014"; impulsada por el Gobierno de Mariano Rajoy para evitar inversiones deficitarias del estilo de, por ejemplo, el aeropuerto de Castellón.

Además, el órgano de vigilancia de la competencia en España siembra la duda sobre la vigencia de la Planificación de los Sectores de Electricidad y Gas 2008-2016, que recomienda actualizar "recogiendo un análisis de la demanda de gas prevista, las características de dicho mercado y la viabilidad económica de las inversiones a realizar". Entiende la CNMC que es posible que, dado el tiempo transcurrido, estos documentos hayan podido quedar desfasados en relación con las necesidades y los planteamientos actuales sobre la energía en el Archipiélago, "sobre todo teniendo en cuenta que en dicho periodo ha habido cambios muy sustanciales en el sector energético en general".

Asimismo, el organismo alude al desarrollo del tratamiento singular previsto por la Ley de Hidrocarburos para el territorio de Canarias, como garantía de la sostenibilidad económica del subsistema de transporte de gas natural en las Islas. Otro de los requisitos a cuyo cumplimiento vincula la autorización es el análisis detallado de los servicios adicionales que podría prestar la planta regasificadora. Para el supervisor, el proyecto está incompleto, al no estar diseñado para prestar algunos de los servicios previstos en el Anexo del Real Decreto 984/2015: carga de cisternas y buques, trasvase de gas entre buques, puesta en frío y bunkering.

Enagás tenía prevista una inversión de 260 millones de euros en la planta regasificadora de Granadilla, proyecto que cuenta con financiación de la Unión Europea.

El Ministerio de Medio Ambiente dio su visto bueno a la construcción de la planta en 2016. Después de que el Tribunal Superior de Justicia de Madrid anulara la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) concedida al proyecto en 2007, el ministerio resolvió favorablemente el expediente tras señalar que el promotor había entregado nueva documentación en la que analiza los riesgos y efectos que implica la ubicación de esa planta junto a actividades potencialmente peligrosas de la zona; estudio que según la sentencia de 2015 fue omitido anteriormente y que conllevó la paralización del proceso administrativo.

La infraestructura se levantaría dentro del puerto de Granadilla, en suelo de uso industrial, y ocuparía una superficie aproximada de 12 hectáreas, más otras 1,13 del muelle de atraque previsto para la descarga de hasta 145.000 metros cúbicos de GNL por parte de los barcos metaneros, , que se encargarían de llevar el combustible a la isla.

En Gran Canaria se barajó el puerto de Arinaga como lugar idóneo, iniciativa que siempre contó con el rechazo del entonces alcalde de Agüimes, Antonio Morales -secundado por sus homólogos de Santa Lucía e Ingenio-, quien desde la Presidencia del Cabildo que ahora ostenta ha reiterado su oposición a la entrada del gas.

Mientras el Ejecutivo canario ha sostenido la conveniencia de la entrada de este hidrocarburo como tecnología de respaldo para las renovables, el presidente insular y las organizaciones conservacionistas han señalado que su llegada ralentizaría el plan para sacar a las Islas del retraso que padecen a la hora de incorporar el sol, el viento y otras fuentes naturales como generadoras de energía.

En otras palabras, la corriente opositora ha expuesto a lo largo de los años que no sería sino cuando las millonarias inversiones de Arinaga y Granadilla estuvieran plenamente amortizadas y recogidos los beneficios, cuando se daría plena libertad para el crecimiento de las fuentes limpias en el Archipiélago.

Las regasificadoras canarias estaban en un principio en manos de inversores locales. Estos fueron dejando paso a otros ante la demora en la implantación hasta que hace tres años el Ministerio de Industria y Energía, en manos de José Manuel Soria, obligó a traspasar los activos a Enagás para que se hiciera cargo de los proyectos.