El presidente del Cabildo de Gran Canaria, Antonio Morales, echó ayer mas leña al fuego de la polémica sobre la futura planta regasificadora de Granadilla, al sur de Tenerife. El dirigente insular aseguró que la infraestructura "nunca" será rentable y vaticinó que serán "todos" los canarios los que "van a pagar su coste", una afirmación que fue tajantemente desmentida por el consejero del Gobierno regional Pedro Ortega, que garantizó la viabilidad económica y medioambiental de la planta, y que también recibió cumplida respuesta de su homólogo tinerfeño, Carlos Alonso. "Al Cabildo de Tenerife no le da nadie lecciones de renovables", contestó el dirigente de Coalición Canaria, que ya en declaraciones a la Cope, avivando más aún la discusión, había exhortado a Morales a "mirar en sus propios asuntos y sacar adelante su isla".
Morales aprovechó las palabras de Alonso y el reciente informe de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), que expresa sus dudas sobre la rentabilidad de la regasificadora, para pedir que el debate sobre la polémica infraestructura se abra a toda la región. El presidente del Cabildo grancanario, firme detractor de la introducción del gas en el sistema energético de las Islas ni aun como fuente de transición, considera que el de la planta que operará la Compañía Transportista de Gas Natural (Gascan), propiedad de Enagás, es un asunto que concierne a "todos" los ciudadanos de la Comunidad Autónoma porque serán "todos" los que tengan que asumir el coste de una instalación que, según aventuró, está abocada al fracaso.
"Aquí tenemos que decir todos los canarios, porque esto lo van a tener que pagar todos los canarios y va a impedir la penetración de las renovables en toda Canarias; no afecta a solo una isla o a solo una institución", argumentó Morales, que ha visto ahora reforzada su posición con el parecer de la CNMC, que incluso ha hablado de la "inviabilidad" de la infraestructura.
El exalcalde de Agüimes hizo hincapié en que la inversión necesaria para poner en marcha la regasificadora, que lleva más de 15 años proyectada sin que aún se haya comenzado su construcción, no la sufragará "solo Tenerife", sino que lo harán "todos los canarios, lo vamos a pagar con el recibo de la luz". "Si esa inversión la asumiera una sola institución, pues estupendo, haga usted con sus recursos lo que considere, pero no será así", agregó.
En el fondo de la discusión subyace el enfrentamiento que viene manteniendo el propio Morales con el Gobierno de Canarias y con el Cabildo de Tenerife en relación con este asunto. Si Morales está convencido de que la regasificadora de Granadilla frenará la apuesta por las energías renovables, el Ejecutivo autonómico y la corporación tinerfeña no solamente garantizan la viabilidad económica de la planta, sino que ponen énfasis en que el gas, como energía transitoria hasta que poco a poco se vaya aumentando la cuota de energías verdes, reducirá sobremanera las emisiones, ya que es sensiblemente menos contaminante que el petróleo. Dos posturas irreconciliables que el informe de la CNMC, al que tanto el Gobierno regional como el propio sector gasista restan importancia -es preceptivo pero en ningún caso vinculante-, ha alejado más si cabe.
Morales insistió ayer en su argumentario: la infraestructura de Granadilla "no se puede amortizar frente a la competencia de las renovables". En otras palabras: el dirigente grancanario sostiene que la compañía que adquiriría el gas -Endesa para la central de ciclo combinado ubicada también en Granadilla- no suscribirá un compromiso "fehaciente" en ese sentido cuando, aseguró, el megavatio (MW) por hora de renovables cuesta 80 euros, frente a los 190 del gas. A esta diferencia achacó Morales la inexistencia del estudio económico que reclama Competencia en su dictamen. "No puede haber estudio económico porque el estudio económico sería absolutamente negativo", sentenció el representante de Nueva Canarias.
En la otra orilla del debate, tanto el consejero de Economía, Industria, Comercio y Conocimiento del Gobierno de Canarias, el susodicho Pedro Ortega, como el propio presidente autonómico, Fernando Clavijo, quitaron ayer hierro al alcance del informe de la CNMC. "Pide que se justifiquen más tres o cuatro aspectos del proyecto", puntualizó Clavijo. Más en detalle, Ortega expuso que tanto el Gobierno central como Enagás, futura titular de la planta, e incluso Endesa, titular de la central de ciclo combinado que se alimentaría del gas de Granadilla, coinciden en que los requisitos que reclama Competencia son "salvables".
"Es una cuestión nada más que de documentación, porque el consumo que se reclama lo va a hacer la central de ciclo combinado de Granadilla", subrayó el consejero, que contradiciendo al presidente grancanario hizo hincapié en que la central tiene la "obligación" de ejecutar ese consumo -lo que garantizaría la viabilidad económica de la regasificadora- "desde el día siguiente a la entrada en funcionamiento de la regasificadora, porque fue creada con la condición de que cuando hubiera gas, utilizara ese gas". Además, Ortega insistió por enésima vez en que un suministro cien por cien renovable es un camino imposible a corto y medio plazo, de modo que defendió el gas como energía transitoria y menos contaminante.
Inversión garantizada
Al término del Consejo de Gobierno celebrado en Santa Cruz de Tenerife, Ortega se esforzó en explicar que si la planta se hubiese instalado en 2009, entre ese año y el pasado 2016 se habrían ahorrado 383 millones de euros, tal como constata un estudio de la Universidad de La Laguna, recordó. En esta línea, el responsable de Industria contradijo una vez más a Morales al aseverar que el coste de la infraestructura es de entre 260 y 280 millones de euros, de modo que "ya estaría prácticamente pagada".
Eso en lo económico. En lo estrictamente medioambiental, Ortega insistió en que desde entonces se habrían dejado de emitir 440.000 toneladas de Co2 a la atmósfera, 2,7 millones de toneladas en total, "lo que se corresponde con el 40% de la contaminación que generan los vehículos en la isla de Tenerife, con lo que si somos coherentes con la sostenibilidad, ya solo por eso merece la pena".
Más beligerante se mostró Alonso. El presidente de Tenerife pidió a Morales que se ahorre las "lecciones" y dejó claro que el objetivo de su corporación y del Gobierno es que el gas sea una energía de transición hacia las renovables que, además, contribuya a reducir las emisiones. "El gas sigue siendo necesario desde el punto de vista ambiental y económico, y no va a impedir que sigamos avanzando en la introducción de energías renovables", remarcó Alonso, que redujo a un requerimiento "fácilmente solventable" el dictamen de la CNMC.
