Enagás se ha visto obligada a reducir en 70 millones de euros el volumen de la inversión prevista para el actual ejercicio a consecuencia de la ralentización que ha sufrido el proyecto de la planta regasificadora de Granadilla de Abona, en el sur de Tenerife, cuestionada ahora por la Comisión de la Competencia.

La compañía que preside Antonio Llardén presupuestó para este año una inversión total de unos 650 millones, de los cuales poco menos de un 11% correspondía a la cuantía necesaria para comenzar a ejecutar el polémico proyecto de Granadilla, que permitirá introducir el gas en el sistema energético de la Comunidad Autónoma. El propio Llardén adelantó ayer en la presentación de los resultados económicos de la empresa, tal como explicaron fuentes de la firma, que la lentificación de los planes para la planta tinerfeña supone que la entidad, salvo que tenga lugar una imprevista aceleración en esta recta final de año, reduzca su inversión prevista para 2017 en hasta 70 millones de euros. Estos 70 millones que Enagás había calculado como inversión inicial en la regasificadora representan, aproximadamente, entre un 27 y un 25% de la inversión total, que previsiblemente oscilará entre los 260 y los 280 millones de euros.

En lo tocante al dictamen de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), que ha puesto en duda la viabilidad de la infraestructura y avivado así las críticas de quienes juzgan, con el presidente del Cabildo de Gran Canaria, Antonio Morales, a la cabeza, que la planta frenará la penetración de las energías renovables, fuentes oficiales de Enagás dejaron claro que la empresa estará en todo caso con lo que decida el Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital. No obstante, en la compañía tienen total confianza en salvar las trabas que ha opuesto la CNMC en un dictamen que es preceptivo pero en ningún caso vinculante, es decir, que en modo alguno obliga al Gobierno central. Desde la entidad mostraron su predisposición a colaborar con el Ministerio y a suministrar la información que este le requiera con el objetivo de contribuir a despejar las dudas que ha expresado Competencia.

Así pues, en Enagás confían en solventar los reparos a la construcción de la regasificadora, un proyecto que el Ejecutivo canario considera fundamental para garantizar el suministro en el proceso de transición a una cada vez mayor presencia de fuentes renovables y que, además, reduciría sensiblemente el volumen de emisiones contaminantes. Un aspecto este último en el que viene insistiendo el Gobierno regional ante los detractores del gas.

El consejero de Economía, Industria, Comercio y Conocimiento del Ejecutivo autonómico, Pedro Ortega, puso énfasis este lunes, tras la reunión del Gabinete que preside Fernando Clavijo, en que si la infraestructura hubiera entrado en funcionamiento en 2009, el ahorro al que habría dado lugar sumaría 383 millones de euros, de modo que "ya estaría prácticamente pagada". En lo estrictamente medioambiental, Ortega dijo que un estudio de la Universidad de La Laguna calcula una reducción de 2,7 millones de toneladas de emisiones de CO2 en siete años, que es precisamente la cantidad en que se habrían reducido las emisiones contaminantes entre 2009 y 2016.