Las arcas de la Comunidad Autónoma no recuperarán los casi 1,3 millones de euros que la Comisión Europea (CE) exigió en 2015 después de haber constatado numerosos retrasos en las auditorías para el control de los fondos agrícolas provenientes del presupuesto comunitario. España interpuso en su día un recurso ante el Tribunal General de la Unión Europea (TGUE) que los jueces tumbaron en una sentencia fechada ayer y que constata que el Ejecutivo autonómico no llevó a cabo los pertinentes controles en los plazos estipulados.

Fue en junio de 2015 cuando la CE comunicó a España que determinados gastos sufragados con cargo al Fondo Europeo Agrícola de Garantía (Feaga) y al Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (Feader) quedaban excluidos de la financiación comunitaria por indebidos. En el caso del Archipiélago, la cuantía exacta ascendió a 1.267.986,22 euros, una cantidad en que el Ejecutivo supranacional calculó el menoscabo a los fondos de la Política Agrícola Común (PAC) por los retrasos que sufrieron los controles entre los años 2007 y 2010, un período en el que estuvo al frente de la Consejería de Agricultura del Gobierno regional la popular Pilar Merino. En concreto, esos casi 1,3 millones se dividen en multas a tanto alzado de 159.906,98 euros por los retrasos en los controles de 2007; de 221.243,51 euros por los de 2008; de 430.938,4 euros por los de 2009; y de otros 455.897,33 euros por los de 2010.

Aunque España trató de combatir la decisión de la CE en el tribunal comunitario, lo cierto es que Canarias pagó la suma exigida por Bruselas ya desde diciembre de 2015, de modo que la sentencia del TGUE no tendrá mayor incidencia sobre los presupuestos de la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas, que dirige Narvay Quintero, según explicaron ayer fuentes del departamento. Eso sí, la resolución de los jueces comunitarios cierra definitivamente toda posibilidad de que las arcas regionales pudieran reintegrar esos cerca de 1,3 millones.

Desde la consejería explicaron ayer que los controles en aquel período sufrieron retrasos por el endurecimiento de los criterios que impuso Bruselas, lo que imposibilitó, "por falta de medios", cumplir los plazos exigidos. Tan es así, que en esos cuatro años siete de cada diez controles -la media anual- se hicieron fuera de plazo. La sentencia deja claro que esto supuso "una deficiencia de control fundamental", máxime si se tiene en cuenta que la normativa comunitaria recoge que si los controles fuera de plazo superan el 10% del total, Bruselas aplicará correcciones financieras.

Fuentes de Agricultura aseguraron ayer que Canarias se puso al día con los controles desde 2013, desde cuando se realizan en tiempo y forma.