La bonificación del 99% en el Impuesto de Sucesiones y Donaciones no basta, ni mucho menos, para frenar el constante y progresivo incremento del número de canarios que se ven obligados a renunciar a una herencia. Los últimos datos del Consejo General del Notariado no dejan lugar a dudas. Por más que los gobiernos autonómicos rebajen el tributo, ello no es suficiente por sí solo para contener el extraordinario aumento que las renuncias a los legados han experimentado desde el estallido de la crisis en 2007, ni siquiera ahora cuando esta ha quedado atrás en términos macroeconómicos, es decir, según los grandes indicadores como el PIB. En otras palabras: los bolsillos de muchos potenciales herederos aún no son capaces de soportar las cargas que en no pocas ocasiones implica recibir los bienes de los ascendientes, como puede ser el caso de la hipoteca de una vivienda. En el primer semestre del año, los ciudadanos de las Islas rechazaron 820 legados, la cifra más alta del período desde que existen estadísticas.
El Gobierno de Canarias anunció en septiembre de 2015 que bonificaría a quienes tuvieran que pagar el impuesto con el objetivo fundamental de reducir el cada vez mayor número de ciudadanos abocados por la crisis a rechazar los bienes de sus familiares. La medida fiscal se puso en práctica desde el 1 de enero del año pasado, día a partir del cual los residentes en la Comunidad Autónoma ya no tienen que abonar el tributo que grava las herencias. En la Consejería de Hacienda consideraban entonces que la rebaja impositiva no se notaría en las estadísticas hasta el segundo semestre de 2016, ya que los contribuyentes tienen un plazo de seis meses para liquidar el tributo, de modo que en las renuncias contabilizadas en los primeros meses del año anterior había una parte correspondiente a 2015. En definitiva, en el departamento que dirige Rosa Dávila confiaban en que la estadística reflejaría una reducción de la cantidad de renuncias de herencias a partir de junio de 2016, algo que, sin embargo, no ha sucedido.
Fuentes de la consejería explicaron que, efectivamente, aún siguen pesando más las consecuencias de la crisis económica que el esfuerzo del Ejecutivo para aligerar la carga impositiva a los potenciales herederos. No en vano, y por más que se exima a los contribuyentes del pago de este tributo, hay muchas familias de las Islas a las que aún no ha alcanzado la salida de la crisis, de ahí que no tener que pagar los 3.000, 4.000 o 5.000 euros del impuesto, por ejemplo, de nada sirve si la economía del hogar no permite luego mantener el patrimonio heredado (hipotecas, pago de otros tributos, posibles deudas...).
Además, los datos del Consejo General del Notariado ponen de manifiesto que el incremento de las renuncias se da en todas las autonomías sin excepción, incluso en aquellas otras que, como Canarias, han aprobado bonificaciones en el impuesto, como es el caso, por ejemplo, de la Comunidad de Madrid.
En cualquier caso, las cifras evidencian hasta qué punto hicieron daño los años más duros de la crisis, los del período 2009-2014, a la economía de los ciudadanos y hogares del Archipiélago. Los números son contundentes. En el primer semestre de 2007, cuando aún no había estallado la recesión, las renuncias a herencias tan solo llegaron a 178 en las Islas, es decir, que desde entonces casi se han multiplicado por cinco. De hecho, 2007 concluyó con un total de 338 renuncias de herederos, menos de las que se contabilizaron entre enero y marzo de este año, cuando sumaron 385. En consecuencia, ya solo en los tres primeros meses de 2017 hubo más legados rechazados que en los 12 meses de 2007, momento en el que la inclinación de la estadística no ha dejado de crecer.
Hay que recordar que los bienes a los que renuncia el legatario pasan a formar parte del patrimonio del Estado. De seguir el actual ritmo, a final de año se habrán contabilizado cerca de 1.700 renuncias en el Archipiélago.
