Seguridad Integral Canaria (SIC) confía en que el concurso de acreedores que presentó hace un par de días de forma voluntaria le permita mantener los contratos con las administraciones públicas. La empresa recurrió a esta fórmula hace un par de días con el objetivo de desbloquear los embargos de sus cuentas y afrontar de forma inmediata el pago de los salarios de sus trabajadores.

El Cabildo de Gran Canaria anunció esta misma semana que ya trabaja para sustituir a esta compañía de seguridad antes de que finalice el año. El contrato con esta empresa concluye en junio, pero el Cabildo ya tiene redactados los pliegos del concurso que publicará la próxima semana para realizar una nueva adjudicación a otra entidad durante ese mes. La Corporación insular ha recurrido a esta vía de emergencia para que una empresa provisional preste los servicios y tanto ésta como la definitiva, apuntó el Cabildo, deben ajustarse al convenio estatal del sector.

Hace solo tres días, el Ejecutivo regional también informó de que no prorrogará el contrato que mantiene con Seguridad Integral, propiedad del presidente de la UD Las Palmas Miguel Ángel Ramírez, para el servicio de vigilancia de los Juzgados de la Comunidad Autónoma. A partir del 1 de enero serán Prosegur, en Las Palmas, y Securitas, en Santa Cruz de Tenerife, las compañías que se encarguen de esos trabajos hasta que se adjudique de forma definitiva el nuevo contrato.

Ambas administraciones señalan la garantía del cobro de los salarios de los vigilantes como elemento fundamental para desempeñar estos servicios. A estos dos casos se suma, además, el expediente que el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria abrió a Ralons Servicios -perteneciente al Grupo Ralons, al igual que SIC- por el retraso de las nóminas de los empleados que limpian los colegios públicos.

La reactivación del embargo de las cuentas de SIC como consecuencia de una demanda que algunos sindicatos han presentado para exigir el abono total de la parte de los sueldos que Seguridad Integral no pagó a sus empleados por el descuelgue del convenio estatal en 2012 está afectando al funcionamiento de la empresa. La compañía de seguridad había acordado con las agrupaciones sindicales mayoritarias del sector que el pago de las diferencias salariales pendientes se fraccionarían hasta 2020, pero ahora la empresa se encuentra otra vez sin margen de maniobra financiero.

Ante esta nueva situación y tras recurrir al concurso de acreedores, la compañía espera que el Juzgado de lo Mercantil levante el embargo a las cuentas para poder afrontar la semana que viene los pagos atrasados a sus trabajadores. SIC sostiene que sigue siendo solvente porque posee un activo superior al pasivo, que no solicitará quita de la deuda, pese a que la ley lo permite, y que busca adaptar los pagos a la liquidez de la empresa.

Seguridad Integral anunció a finales de agosto su salida del mercado de la vigilancia presencial como consecuencia, entre otros factores, de concursos públicos deficitarios y del retraso de las administraciones en los pagos. Hace un mes la compañía -que busca centrarse en el negocio de los transportes blindados y las centrales de alarmas-, dio a conocer un plan de saneamiento que culminaría en enero. Con ese proceso de reconversión interna, la plantilla de la empresa pasaría de estar compuesta por 2.518 trabajadores a 265 a 31 de diciembre y la compañía alejaba la posibilidad de acogerse a un concurso de acreedores. El plan incluía, además, subrogar la mayoría de los empleados que cubren los servicios contratados, tanto en el sector privado como en el público, a Sinergias de Vigilancia y Seguridad (SVS) tras vender a ésta sus clientes para garantizar el mantenimiento de los puestos de trabajo.