El Frente Polisario reclamará 240 millones de euros anuales en concepto de compensación por "daños e intereses" por las exportaciones de productos del Sahara Occidental a la Unión Europea sin su consentimiento. Además, se querellará contra empresas europeas concretas para reclamarles pagos directos si no regulan su situación con el representante "legítimo" del pueblo saharaui. Sus letrados ponen como ejemplo las compañías españolas que se llevan arena a "las playas de Canarias".

"Haremos un recurso en responsabilidad por el daño provocado contra la Unión Europea. Tenemos cifras precisas. (...) Hay una cifra de volumen de negocios de 240 millones por año sobre las exportaciones del Sáhara Occidental", explica el abogado del Frente Polisario, Gilles Devers.

"Vamos a reclamar esto", señala el letrado, a tiempo que asegura son "muy generosos" al no reclamar compensaciones por las exportaciones de productos del territorio saharaui anteriores al 21 de diciembre de 2016, cuando el Tribunal de Justicia de la Unión Europea dictaminó que el acuerdo agrícola entre la UE y Marruecos no es aplicable al Sáhara Occidental y que el pueblo saharaui debe dar su consentimiento a la explotación de sus recursos naturales.

El representante del Frente Polisario en Europa, Mohamed Sidati, confirma que esta cifra "puede constituir reparación y perjuicio" aunque el daño provocado "es mucho más". "Son ya casi 40 años de ocupación", esgrime, al tiempo que recuerda que tampoco hay que excluir "los daños ecológicos" por "la destrucción de varios lugares de biodiversidad" por la explotación de los recursos pesqueros en aguas saharauis por parte de la flota europea.

Sidati asegura que "los saharauis no representan ninguna amenaza para los intereses de los pescadores" europeos pero éstos deben reclamar el consentimiento del Frente Polisario para explotar los recursos del Sáhara occidental.

"Los pescadores españoles pueden faenar en aguas del Sáhara occidental con la única condición de que no sea a través del acuerdo que autoriza la ocupación", avisa, en referencia al acuerdo pesquero entre la UE y Marruecos, sobre cuya validez se pronunciará el Tribunal de Justicia de la UE el próximo 27 de febrero. En el caso de Canarias de declarse nulo el acuerdo 23 armadores isleños irían a al dique seco.

"La Unión Europea pesca el 90% en aguas del Sáhara occidental. Paga cada año 14 millones al Reino de Marruecos. El acuerdo lleva 12 años. Haga el cálculo de las indemnizaciones que podría pedir el Frente Polisario en nombre del pueblo del Sáhara occidental", agrega Manuel Devers, otro letrado del equipo del Frente Polisario, que asegura que hay "un 70% de probabilidades" de que el Tribunal de Justicia de la UE "confirme la conclusión de [el abogado general del TUE, Melchior] Wathelet".

En este sentido, insiste en que hay base para reclamar "responsabilidad penal a los miembros de la Comisión, del Consejo" por "malversación de fondos públicos" a "una cuenta del tesoro público de Marruecos".

El abogado general del TUE dictaminó el pasado 10 de enero que el acuerdo pesquero "no era válido" por aplicarse al Sáhara Occidental y a las aguas adyacentes y que el bloque comunitario "incumplió su obligación de respe-tar el derecho del pueblo del Sáhara Occidental a la libre determinación", dado que el pueblo saharaui "no ha dispuesto libremente de sus recursos naturales".

Devers explica que se darán "el tiempo mínimo para analizar la sentencia" del 27 de febre- ro del Tribunal de Justicia de la UE y si "no hay un cambio sobre el consentimiento" que la UE y los estados miembros deberán pedir al Frente Polisario como "único" representante legítimo del pueblo saharaui emprenderán rápidamente acciones.

"Nos querellaremos contra empresas agrícolas, de pesca, aviación en las jurisdicciones nacionales", explica el letrado, que también avanza que emprenderán "un procedimiento urgente para bloquear el pago de derechos de pesca".

"En agricultura, vamos a comenzar en los próximos días contra IDYL", avanza el letrado, en referencia a la sociedad francesa que importa tomates del Sáhara. "También iniciaremos procedimientos contra empresas que exportan arena para las playas de Canarias".

El letrado explica que harán "un procedimiento que se llama pago directo" para reclamar ante los tribunales nacionales el pago directo "para el pueblo saharaui" una vez realizadas las entregas de arena.

También iniciarán acciones contra "las compañías de seguros" que garantizan las exportaciones. "Iniciaremos muy rápidamente un primer proceso también", señala.