Juan Socorro no porta carteles ni banderas. Tampoco lleva puesta una camiseta reivindicativa ni cuelga de su cuello un silbato. No grita, pero sí observa, asiente y aplaude. "No estoy aquí solo por mí, sino también por los que vienen", sostiene. A final de mes Socorro, que trabajó durante más de 30 años como fontanero, cobra una pensión de 645 euros. "Y con ella vivimos mi hija, mi nieto y yo", apunta. En plena calle Juan XXIII, a la altura de la sede de la Tesorería de la Seguridad Social, el pensionista de 70 años muestra con su presencia su apoyo a la lucha por una pensiones dignas, pero también por un empleo de calidad y por el fin del fraude fiscal. "Al final es lo mismo. Peleamos por lo nuestro pero también por los que vienen. Mi hija está ahora parada y lo tiene difícil, pero ya ha cotizado algunos años. ¿Mi nieto? Él lo tiene imposible", esgrime.

Cerca de 3.000 personas tomaron este jueves la calle para exigir al Ejecutivo central una mejora de las pensiones y un cambio en las políticas de empleo. La movilización en la capital grancanaria, prevista como concentración en la calle Pérez del Toro 89, anta la sede de la Tesorería, se convirtió al final en una "casi manifestación", por el éxito de la convocatoria.

A las 11.00 horas estaba prevista el inicio de la protesta y la organización esperaba que acudieran en torno a 700 personas. Pero no fue así. La afluencia masiva de pensionistas, trabajadores de mediana edad e incluso algunos jóvenes sorprendieron a las previsiones iniciales más optimistas. Los asistentes ocuparon el tramo de la calle Juan XXIII que va de Pérez del Toro a Tomás Morales, cortando el tráfico en esa vía hasta las 12.20 horas. Los jubilados también cerraron el paso a los vehículos en esa calle, al situarse sobre el paso de peatones de la misma, por lo que fue necesaria la intervención policial para que desalojarlos de esa vía y restablecer el tráfico.

La Policía Local movilizó a catorce agentes y la Policía Nacional a unos 20 efectivos de la Unidad de Intervención Policial (UIP) para contener la movilización. Fuentes policiales aseguraron que fueron "flexibles" con los asistentes por ser, en su mayoría, personas mayores y por estar formado por un nutrido grupo de personas.

La organización había comunicado ante la Subdelegación del Gobierno en Canarias una concentración, pero al adoptar un cariz mayor y llegar a cortar el tráfico se podría exponer a alguna sanción, tal y como informaron los agentes durante el transcurso de la movilización, pero fuentes de la Delegación aseguran que no se impondrá ningún tipo de pena porque los cortes de tráfico se produjeron por la alta asistencia.

El portavoz de la plataforma de la Defensa de las Pensiones Públicas, Blas Padilla, señala que nunca pensó que fuera a acudir tanta gente. "Esto se ha petado", indica, "y la gente está cabreada y no acepta disciplina". Él tiene 71 años y cobra una pensión de 1.200 euros. "Sé que soy uno de los privilegiados", afirma, "pero hay que luchar". Padilla explica que no solo protestan por el "ridículo" aumento del 0,25% de las pensiones, una revalorización que responde al mínimo legal previsto y que aprobó el Consejo de Ministros en diciembre del pasado año, sino también, sostiene, por la precariedad laboral que se ha instalado en el mercado de trabajo como consecuencia de la reforma laboral y la economía sumergida.

La organización estima que la cuantía mínima de la prestación por jubilación no debe ser inferior a los 1.100 euros mensuales. Canarias está alejada de esa cifra. Los 312.601 pensionistas que hay en el Archipiélago cobran de media 855,55 euros mensuales, la tercera pensión más baja del país. Francisca Pérez trabajó como camarera de piso muchos años y ahora lucha por una jubilación digna. "Estoy enferma de tanto trabajar y ahora reclamamos un aumento", subraya con ahínco. Ella, de 78 años, cobra algo más de 600 euros al mes y recuerda que son los jubilados que durante la crisis, y tras el fin de la misma, se han convertido en el sostén de las familias.

La movilización en la capital grancanaria forma parte de la protesta organizada en diferentes ciudades de todo el país para defender el sistema público de pensiones.