El decreto sobre alquiler vacacional que prepara la Consejería de Turismo del Gobierno de Canarias se topa desde el inicio con el rechazo de no pocos interlocutores. Mantener un área de exclusión que prohíba este negocio es una estrategia que choca incluso con los intereses de los municipios eminentemente turísticos, que pretenden regular mediante esta modalidad alojativa las camas que han salido del negocio y se están rentabilizando desde la ilegalidad.
La Asociación Canaria de Alquiler Vacacional (Ascav) y la Federación de Empresarios de Hostelería y Turismo (FEHT) también se oponen a la prohibición en zonas de alta concentración de la actividad hotelera y extrahotelera.
Nueva parada en la tournée que la consejería realiza para dar a conocer a todos los implicados el borrador con el que trabaja. La semana pasada el consejero Isaac Castellano se lo expuso a las patronales turísticas, a los sindicatos y a Ascav. Ayer le tocó el turno a la Federación Canaria de Municipios (Fecam). Ausente Castellano, fue el viceconsejero regional de Turismo, Cristóbal de la Rosa, el encargado de pasar el powerpoint a los representantes municipales.
El número dos de la consejería señaló que la norma que está cocinando no plantea grandes cambios con respecto a la realidad actual. Un punto de partida, el decreto, a partir del que cabildos y ayuntamientos podrán "flexibilizar" el impacto del articulado para señalar los puntos en los que tiene cabida el alquiler vacacional. "Exactamente igual que ahora", cuando ya deciden "dónde se implantan hoteles y apartamentos turísticos".
Partiendo de una máxima. "La ley entiende que la vivienda vacacional es un uso complementario del residencial y, por tanto, la habrá donde se puede dar ese uso residencial. Donde no lo hay, se niega la mayor, porque no hay usos residenciales", explicó De la Rosa.
Primera línea
David Pérez es concejal de Turismo en Arona, la segunda localidad canaria en número de viviendas dedicadas al alquiler turístico, según las últimas estadísticas publicadas ?(hoy se presentan las correspondientes a 2017). Su planteamiento impacta frontalmente con la intención de la consejería de dar exclusividad al negocio turístico tradicional en los lugares donde siempre se ha atendido a los visitantes.
"Estamos discutiendo y estudiando reducirlo a aquellos edificios o urbanizaciones que fueron turísticos, se han residencializado y se encuentran en lugares estratégicos, en primera línea [de playa] o en sitios muy céntricos", explicó.
Ermitas Moreira, su homóloga en Adeje, el único municipio canario que supera a Arona en número de viviendas vacacionales, puso por delante su conformidad con que la última palabra la tengan los ayuntamientos. Ahora bien, coincidió con Pérez en la pertinencia de que esta modalidad alojativa tenga mayor incidencia precisamente en las zonas turísticas y escasa o nula en las residenciales, donde el esparcimiento de los viajeros entra en conflicto con "el día a día" de los vecinos.
¿Cómo recibirán esa noticia los hoteleros? "Tenemos que compatibilizarlo todo", afirmó Moreira, quien añadió que la vivienda vacacional "se ha convertido en una forma nueva de hacer turismo y ha venido para quedarse". Tanto Adeje como Arona han sufrido una retracción de la oferta para alquiler residencial y eso es algo a lo que quieren poner coto los ediles.
Por su parte, el vicepresidente de la Comisión de Turismo de la Fecam, Rafael Perdomo -alcalde de Pájara-, estimó que los municipios sostendrán un arma de doble filo en las manos cuando el decreto entre en vigor. Por un lado, podrán determinar los usos como mejores conocedores de la realidad en cada zona, pero auguró "mucha conflictividad entre cabildos y ayuntamientos". Además de soportar el coste político, porque se mostró seguro de que las decisiones que contenten a unos enfadarán a otros.
Ascav está en contra de que sean las administraciones locales las que tengan en su mano la última baza. "Eso ya lo estamos sufriendo", advirtió la presidenta de la asociación, Doris Borrego. "Nos encontramos con ayuntamientos en contra y cabildos a favor o viceversa, incluso calles en las que es posible el alquiler vacacional en el número 38 pero no en el 39", relató. Por ello, estimó que la regulación no puede recaer "en 88 municipios", además de criticar la falta de transparencia con que se está conduciendo la consejería. "Se reunieron con nosotros y nos hicieron una presentación, pero no hemos podido ver el borrador", lamentó.
El vicepresidente de la FEHT, Tom Smulders, se mostró también partidario de evitar cualquier prohibición. "Hay situaciones en las que resulta mejor ser más permisivo que tajante", expuso y detalló que en las zonas turísticas, "incluso en suelo turístico", en no pocos casos "se ha consolidado el uso residencial". A su juicio, "dar la oportunidad" de situarse dentro de la ley al mayor número posible de propietarios de viviendas vacacionales "aislará cada vez más el uso ilegal". Siempre y cuando exista un número de inspectores suficiente como para vigilar que se cumple con los parámetros de calidad exigidos, dotación de personal sobre la que no ocultó su inquietud el concejal David Pérez.
El Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) falló en cuatro sentencias -idénticas en contenido- contra la inclusión de zonas prohibidas para las viviendas turísticas en el decreto actual. El Tribunal Supremo admitió el recurso de casación interpuesto por el Gobierno de Canarias, lo que mantuvo en vigor la norma. Si, al pronunciarse sobre el fondo de la cuestión, el Alto Tribunal coincide con el TSJC, el alquiler vacacional estará permitido en las áreas turísticas. "Ese riesgo lo tiene cualquier administración pública que toma una decisión, hace una ley o un decreto", indicó el viceconsejero De la Rosa.
