Cuatro horas de debate sobre las pensiones en el Congreso de los Diputados y los parlamentarios salieron del hemiciclo igual de divididos que entraron. Como ha pasado durante los últimos quince meses en las deliberaciones de la comisión de seguimiento del Pacto de Toledo, acuerdo que se alcanzó en 1995 (tras otra crisis económica) y que incluía el compromiso tácito de los partidos de no usar el sistema público de prestaciones como ariete electoral. Lo escuchado ayer certifica que tal compromiso es historia. Puede decirse que la incapacidad de los grupos para llegar a acuerdos sobre las pensiones fue uno de los resultados que arrojó el debate de ayer. Otro fue una oferta, por ahora inconcreta, del presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, para subir las pensiones más bajas.
Y en ese único compromiso CC se convirtió ayer en el principal apoyo y aliado del presidente del Gobierno central, acorralado por la oposición y aterrorizado por el movimiento de protesta de los pensionistas y por las consecuencias de las manifestaciones, que se presumen multitudinarias, convocadas por este colectivo para el sábado.
Rajoy aprovechó la intervención de la diputada de Ana Oramas, para identificar alguna de las leves mejoras que está dispuesto a sustanciar este año, siempre vinculándolo a la aprobación de los Presupuestos del Estado para los que aún, sin embargo, no tiene garantizados los apoyos. El jefe del Ejecutivo central dejó claro a lo largo del debate que no piensa dar marcha atrás a ninguna de las reformas realizadas durante la crisis -las del 2011 y 2013- y contra las que claman los pensionistas, ni a aprobar nuevos impuestos como fuente de financiación, cedió sí en unas mínimas mejoras para aplicarlas en el corto plazo de las próximas cuentas estatales si que llegan a aprobarse. Con ese movimiento, el presidente intenta poner la pelota en el terreno de la oposición: sólo se consigue una mayoría suficiente para aprobar las cuentas públicas (con el apoyo del PNV o una abstención del PSOE), habrá una subida extra al menos para una parte de los jubilados.
Así, prometió ayudas en el IRPF para pensionistas y familias, y la mejora de las pensiones más bajas y las de viudedad - sin concretar, si bien recientemente el Ministerio de Empleo apunto que se limitaría a las prestaciones de los mayores de 65 años con menores ingresos - . Aunque insistió durante buena parte del debate en rechazar vincular la revalorización de las pagas a la inflación, a última hora aceptó como "razonable" una propuesta de Oramas para que al menos las de menor cuantía, las no contributivas, -2,4 millones de pensiones y el 25 % del total- no pierdan poder adquisitivo y su incremento no se limite al 0,25 % establecido ahora por ley. Los pensionista piden vincularlas todas al IPC.
Rajoy dio a entender también estudiará otra de las propuestas de CC: incrementar un 10 % las no contributivas. "En Canarias son tres veces más que en el resto de las comunidades no porque no se haya trabajado, sino porque muchas mujeres que trabajaron como burras toda su vida, como las tomateras o en la inmigración, no pudieron cotizar"; "creemos que 30 euros no le resuelve nada a los pensionistas con las pensiones más altas de más de 2.000 euros, pero en una no contributiva de 360 euros, 30 euros es un 10 %", insistió Oramas.
A Rajoy sólo se le escuchó cierta autocrítica al referirse a la carta que la ministra de Empleo, Fátima Báñez, envió a principios de año a los pensionistas sobre la subida del 0,25%: "Es una carta que a nadie le hubiera gustado recibirla y entiendo perfectamente lo que sentirían las personas que lo recibieron". Poco más en un debate en el que el presidente inistió que la mejor forma de garantizar las pensiones eran el crecimiento económico y la creación de empleo.
Para NC, cuyo diputado, Pedro Quevedo, reprochó de forma contundente la política económica, fiscal y social del Gobierno central, estas son las causas "de la desigualdad y empobrecimiento de pensionistas y clases trabajadoras". Usted, le espetó, "ha fracasado en la política ultraliberal que han practicado".
"Ha venido aquí sólo por un cálculo electoral", le reprochó por su parte al presidente la portavoz socialista Margarita Robles. También afeó que Rajoy "no haya hecho propuesta alguna para mejorar la situación de los pensionistas y eluden lo que está pasando en la calle". El PSOE propuso revalorizar las pensiones con el IPC, reforzando la financiación con nuevos impuestos a la banca y a las transacciones financieras; suprimir el llamado factor de sostenibilidad (otro ajuste de las jubilaciones que entrará en vigor en 2019) y derogar la reforma laboral.
"No rompan ustedes la paz social y el orden y suban las pensiones como manda la constitución", emplazó al Gobierno Pablo Iglesias, líder de Podemos, quien como el PSOE también usó como munición "los 60.000 millones del rescate a la banca". Sus propuestas: derogar las dos reformas de pensiones y la laboral, subir las prestaciones y el salario mínimo y suprimir los beneficios fiscales a los planes privados.
"Con los héroes de esta crisis no se juega", dijo Albert Rivera, portavoz de Ciudadanos, que defendió, sin concretarlas, nuevas reformas para cortar la precariedad del empleo. "El populismo no es la solución, pero el inmovilimos tampoco", añadió el parlamentario naranja, el más tibio de los grandes partidos de la oposición en la crítica a Rajoy.
