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Los constructores isleños aspiran a ganar más contratos públicos con la nueva ley

La patronal cree que la "calidad" que ha conseguido el sector en la región se verá premiada

Los constructores isleños aspiran a ganar más contratos públicos con la nueva ley

La patronal canaria de la construcción ha saludado la promulgación de la nueva Ley de Contratos del Sector Público, en vigor desde el pasado día 9, con la seguridad de que supone una buena noticia para las pequeñas y medianas empresas que representan la mayoría del sector en las Islas. Negocios que a juicio de los representantes empresariales ven ahora cómo se incrementan sus posibilidades de competir de tú a tú con firmas de mayor tamaño en la lucha para hacerse con un contrato público a causa del mayor peso que la ley da a la calidad de las ofertas en detrimento del precio. Si con la anterior redacción de la normativa difícilmente una empresa local podía presentar la "oferta económica más ventajosa", casi siempre reservada para las grandes constructoras que, por su dimensión, pueden reducir los costes de los trabajos al mínimo, el hecho de que desaparezca el concepto y de que lo más importante sean ahora los valores sociales, laborales y de innovación que oferten las entidades abre más opciones para las pymes canarias.

Así lo creen tanto la presidenta de la Asociación de Empresarios Constructores y Promotores (AECP) de la provincia de Las Palmas, María Salud Gil, como su homólogo de la Federación Provincial de Entidades de la Construcción (Fepeco) de Santa Cruz de Tenerife, Óscar Izquierdo. Una y otro se muestran convencidos de que la flamante ley es positiva para el sector del ladrillo en el Archipiélago, si bien, puntualiza Salud Gil, comienza ahora un período de cierta incertidumbre -el del proceso de adaptación de las instituciones a la normativa- y aún habrá que aguardar antes de celebrarlo hasta comprobar que la burocracia no la desvirtúa.

Izquierdo explica que históricamente ha sido el factor precio el que ha decantado la balanza a favor de las grandes firmas nacionales en muchas de las obras que han sacado a concurso público en el Archipiélago los ayuntamientos, cabildos, el Ejecutivo regional e incluso el Gobierno central. Sin embargo, la nueva ley, dictada por Bruselas, no solamente deja claro a las instituciones que ya no vale eso de encargar la obra a una empresa que se ofrece a ejecutarla a un precio inusualmente bajo y luego desentenderse de, por ejemplo, lo que cobran los trabajadores, sino que, además, y precisamente por casos como ese, en los que el bajo precio esconde pésimas condiciones laborales, lo que ahora importa es la relación calidad-precio. Y ahí, en la calidad y especialmente en lo relacionado con la innovación, las constructoras canarias han ganado mucho terreno en los últimos años, afirma el presidente de Fepeco. "Ahora se incluyen variables en el proceso de adjudicación en las que somos muy competitivos; nos ha costado mucho, pero hemos ganado en calidad, hemos ganado en innovación y hemos ganado en tecnificación, y estamos en condiciones de competir con la nueva ley", ahonda Izquierdo, que hace hincapié en la importancia de que la normativa "ponga en valor" la vertiente técnica.

Por su parte, la presidenta de la AECP, que viene organizando y colaborando en jornadas informativas para dar a conocer a los empresarios isleños los pormenores del nuevo texto legal, también califica de "importantísimo" para el sector que la cuestión económica no lo sea todo, aunque precisa que "ahora hay que ver si se paga lo que valen las cosas".

Salud Gil valora también la supresión de los límites a las subcontrataciones, que suponían un obstáculo más para las pymes canarias. No en vano, si por un lado les resultaba harto difícil competir con las grandes constructoras, por otro lado estas no podían subcontratar por más de un 60% del importe total del contrato, lo que impedía en muchos casos que participaran en la encomienda.

En cambio, la nueva ley, al acabar con ese límite, facilita que esa gran constructora pueda encargar a una pyme canaria el cimentado del terreno, por ejemplo. Eso sí, la representante de la patronal puntualiza que deben funcionar los mecanismos de garantía que prevé la norma para evitar la proliferación de subasteros y subcontrataciones artificiosas.

Además, Gil muestra su preocupación por que cuando la ley eche a andar definitivamente, la "neutralidad" en su aplicación no se pervierta. La presidenta de la AECP critica al respecto esos "tics técnicos muy propios de la cultura española" por los que al final se acaba cayendo en una "presunción de culpabilidad" del empresariado, lo que espera no eche este vez por tierra el espíritu de la nueva norma.

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