La Unión Europea (UE) incluye las aguas adyacentes al Sáhara en la negociación para renovar el acuerdo de pesca con Marruecos. El Consejo de Ministros de Agricultura y Pesca de los países comunitarios dio luz verde ayer al inicio de las conversaciones con Rabat para reeditar el convenio pesquero lo antes posible, puesto que el actual expira el próximo 14 de julio. El Tribunal de Justicia europeo sentenció en febrero de este año que el protocolo de pesca era válido, si bien determinó que no se podía aplicar al Sáhara Occidental. Este fallo obligó a cambiar el mandato negociador a los Veintiocho, quienes aún ven posible incluir al territorio sahariano y sus aguas adyacentes en el nuevo acuerdo siempre que se cumplan ciertas condiciones, según informó ayer Europa Press. Entre esos requisitos se encontrarían el beneficio a la población local y que ésta sea consultada. No obstante, este mandato estaría sujeto a una posible solución de la cuestión del Sáhara Occidental en las Naciones Unidas, tal y como señaló la semana pasada el Ministerio de Pesca en una nota.
La flota isleña, junto con la gallega y la andaluza, sería una de las más beneficiadas de la UE si finalmente se reedita este convenio. De las 120 embarcaciones europeas que acuden al banco sahariano a faenar procedentes de once países, 48 son españoles. De éstos, trece buques son canarios: seis tienen base en Lanzarote, cinco en Tenerife y dos en Gran Canaria. No en vano, la ministra de Pesca española, Isabel García Tejerina, señaló al inicio de la reunión que la continuidad del convenio de pesca es "tremendamente importante", principalmente para los pescadores de Canarias, Andalucía y Galicia. "Ayudaremos a la Comisión para que la aprobación de este acuerdo no se demore", explicó, y pueda entrar en vigor antes de que caduque el acuerdo en vigor. El objetivo es evitar que la suspensión del protocolo tenga consecuencias negativas para el sector pesquero que se beneficia de él.
Derechos del pueblo saharaui
La decisión de la Justicia Europea generó una enorme incertidumbre en las Islas, si bien su preocupación comenzó antes de que el TJUE emitiese su fallo. La organización Western Sahara Campaign (WSC) denunció en Reino Unido que el acuerdo violaba derechos del pueblo saharaui y la justicia británica demandó a la europea que fallara al respecto.
El abogado general europeo Melchior Wathelet aconsejó a principios de enero declarar "no válido" el protocolo de pesca suscrito entre Bruselas y Rabat al entender que éste atentaba contra el derecho de autodeterminación de los saharauis. Según Wathelet, el 91% de las capturas de la flota europea tienen lugar en el caladero sahariano.
Los pescadores confiaban en que el TJUE no se decantase por esta opción al no ser vinculante su opinión, pero tampoco esperaban su sentencia. La justicia europea no invalidó el convenio pero excluyó del mismo al Sáhara Occidental y a sus aguas adyacentes. Los pescadores isleños se mostraron descontentos con esta decisión, pues las capturas en esta zona -principalmente túnidos y pelágicos- representan un importante complemento económico a su actividad. Asimismo, el sector recuerda que las embarcaciones isleñas, por su tamaño, no están preparadas para ir a pescar más al norte o al sur.
La confusión generada por la aparición de este nuevo escenario condujo a los armadores isleños y al Ejecutivo regional a reunirse en la sede de Presidencia del Gobierno canario en Las Palmas de Gran Canaria para aclarar la situación. La principal demanda por parte de los pescadores canarios fue exigir al Estado un documento por escrito que les garantizase que podían seguir pescando en aguas saharianas sin ser sancionados hasta el 14 de julio, día en el que caduca el acuerdo de pesca. El 6 de marzo el Ejecutivo regional remitió la solicitud de aclaración a Madrid, pero hasta ayer no había recibido respuesta, tal y como indicaron fuentes de la Consejería de Agricultura y Pesca que dirige Narvay Quintero.
Hace una semana, García Tejerina explicó en el Senado que el mandato con las directrices de negociación sigue el camino establecido por la fórmula que permitió en mayo de 2007 la aprobación del mandato de negociación del acuerdo agrícola, que también estuvo bajo la lupa de la justicia europea. También en este caso, el TJUE determinó que el Sáhara Occidental quedaba fuera del convenio comercial.
El protocolo pesquero entre Bruselas y Rabat entró en vigor en febrero de 2007 por un periodo de cuatro años. Desde entonces ha sido renovado en dos ocasiones, la última en 2013. La UE paga por este acuerdo unos 30 millones de euros cada año, de los que 16 millones se deben por el acceso a las aguas y otros 14 por apoyar el sector pesquero marroquí. A esta cantidad se suma el montante de diez millones que aporta la flota comunitaria. No en vano, la licencia que pagan los armadores canarios para poder faenar en aguas vecinas cuesta entre 8.000 y 9.000 euros anuales. Asimismo, los buques que acuden a esta zona a pescar deben llevar a bordo una tripulación mínima de once marineros, de los que al menos tres deben ser marroquíes.
