Rosell: "Me da pena que se utilice a la Fiscalía para atacar a un rival político"

"Todo son falsedades", aseguró ayer la jueza, al tiempo que acusó a Soria, también candidato al Congreso por la provincia de Las Palmas, de promover la investigación para dar "en la línea de flotación de su adversario político", en referencia a ella misma, que personifica en Podemos "la lucha contra la corrupción". "Me da pena que se utilice a una institución del Estado -en alusión a la Fiscalía de Las Palmas- para atacar a un rival político", declaró la candidata.

Rosell recalcó que "ser inflexible contra la corrupción se paga muy caro, pero se asume" y añadió que tiene constancia de que Soria pidió el contrato que se ha filtrado a los medios de comunicación y que llegó a la Fiscalía de forma anónima. Por ello, sostiene que la documentación por la que la fiscal ha decidido investigarla llegó a la prensa por el entorno del ministro o por la propia Fiscalía, ya que nadie más tenía copia.

Excedencia

En primer lugar, la jueza quiso dejar claro que la investigación no es por "un delito penal", sino por una presunta "falta administrativa" y está por ver si llega a algún lado. La magistrada explicó que pidió la excedencia antes de que se comenzase a negociar el contrato entre la UD Las Palmas y Carlos Sosa, por el que se intenta hacer ver que ella favoreció al empresario Miguel Ángel Ramírez, al que se estaba investigando por una causa penal por fraude a Hacienda y a la Seguridad Social.

La jueza recordó que ella no solo no lo favoreció ni retrasó el procedimiento contra él, sino que fue la propia Rosell la que amplió la causa a tres presuntos delitos, fraude fiscal, fraude a la Seguridad Social y contra los derechos de los trabajadores, mientras que la Fiscalía sólo veía indicios en el primero.

Posteriormente, Rosell pidió la excedencia el 15 de octubre para presentarse como candidata y se la concedieron el 22, y el contrato por el que la UD Las Palmas le arrienda a la sociedad de Carlos Sosa su licencia de FM se firmó el día 28, aunque el 26 había un borrador del mismo. Por ello, la jueza afirma que no se podía apartar de ninguna investigación contra Ramírez, como le imputa ahora la Fiscalía, porque cuando se suscribió el contrato ya estaba en excedencia, al tiempo que recalcó que desconocía que su pareja estuviera negociando un contrato con el club deportivo por el que Carlos Sosa percibirá 250.000 euros hasta 2027.

Apoyos

Rosell se presentó ante los medios de comunicación arropada por sus compañeros de partido y manifestó que cuenta con el apoyo de Pablo Iglesias, con el que había hablado ayer mismo de este asunto, y no piensa renunciar a su candidatura al Congreso. En cualquier caso, la magistrada está convencida de que la posible falta administrativa no va a llegar a ninguna parte, por lo que no va a interponer ninguna demanda, si bien recalcó la coincidencia de este escándalo mediático con las elecciones, lo que achacó a su candidatura y a que, encima, Pablo Iglesias ha anunciado que la nombrará ministra de Justicia si gobierna.

"En toda mi vida no he cometido ninguna infracción disciplinaria", enfatizó. Es más, cuestionó que la Fiscalía tenga competencias para indagar en una supuesta falta de índole disciplinario. Según la magistrada, esa investigación en todo caso le correspondería al Consejo Genera del Poder Judicial.

Además, dudó de la imparcialidad de los fiscales que están en este asunto, en referencia a Evangelina Ríos y el fiscal jefe de Las Palmas, Guillermo García -Panasco, con los que ha tenido en su etapa de jueza sonados roces. Es más, existe constancia de una "tormentosa" relación y una "manifiesta enemistad" con Evangelina Ríos, y de García-Panasco indicó que mantienen diferencias desde que Rosell decidió imputar a su esposa en el llamado caso Lifeblood, una presunta adjudicación irregular de un contrato sanitario público. La jueza reseñó que incluso procuraba "no cruzarse" con él para "no coger por medio a ningún ciudadano".