El ministro de Industria, Energía y Turismo, José Manuel Soria, no se lo ha pensado mucho y ayer mismo su abogado interpuso una querella contra Victoria Rosell en los juzgado de Plaza de Castilla de Madrid por injurias y calumnias. El candidato del PP al Congreso por Las Palmas ha reaccionado de esta forma a las acusaciones de la juez en excedencia y ahora candidata de Podemos, que le acusa de utilizar la Fiscalía para desprestigiarla. Rosell sostiene el ministro está tras la investigación abierta para determinar si estaba investigando al empresario Miguel Ángel Ramírez mientras este cerraba con su pareja un negocio.
En una entrevista radiofónica, Soria aseguró que "nadie puede injuriar gratuitamente, es de una gravedad extrema acusar a un miembro del Gobierno de usar la Administración de Justicia".
En la querella, el letrado de Soria establece que con sus acusaciones, Rosell está imputando a Soria hasta tres delitos: obstrucción a la Justicia, delito contra los derechos individuales y otro electoral para perjudicar a un candidato a cargo público. "Desde una perspectiva política y ciudadana es difícil efectuar a un político en activo, candidato a las elecciones y actualmente miembro del Gobierno, una atribución de comportamiento de mayor gravedad contra los deberes constitucionales que han de presidir su actuación. Sólo por ello la afirmación de la querellada supone un intolerable ataque al honor del querellante que es susceptible de ser calificado como injurioso", recoge el texto de la querella presentada ayer.
Soria afirmó desconocer quién o quienes pueden estar detrás de la denuncia presentada en la Fiscalía contra Rosell y añadió que es "absolutamente falso" la insinuación tanto de la juez como de su pareja, el periodista Carlos Sosa, sobre su presunta implicación directa o indirecta en los hechos que se investigan por parte de la Fiscalía de Las Palmas.
Con el fin de investigar la autoría de los hechos, Soria solicita que por parte del Juzgado se ordene tomar declaración en concepto de investigada a Rosell Aguilar. Asimismo solicita que sea citada a declarar como testigo la fiscal delegada de Delitos Económicos de Las Palmas Evangelina Ríos Dorado, que puede ser citada en la Fiscalía de Las Palmas de Gran Canaria.
Esta fiscal presentó antes del verano una queja ante el Poder Judicial contra Rosell. La acusaba de retrasar la instrucción sobre un presunto fraude tributario cometido por una de las empresas de Miguel Ángel Ramírez, Seguridad Integral y actuar, pues, en beneficio de este. La queja se desestimó.
