El Consejo de Ministros ha autorizado hoy la aplicación del Fondo de Contingencia para una modificación de crédito que permita destinar 120.691.816,71 euros a financiar los gastos originados con motivo de la repetición de las elecciones generales del 26 de junio.

El Ejecutivo ha aprobado hoy ese gasto extraordinario para afrontar el próximo proceso electoral, que no estaba previsto en los Presupuestos Generales del Estado. Los comicios del 20 de diciembre del año pasado costaron 136 millones de euros, de los que 49 millones fueron para el envío de propaganda electoral.

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Otros 17,3 millones se gastaron en realizar el escrutinio provisional y en los medios informativos y 12,7 millones de euros más costó el despliegue de 90.000 agentes de las Fuerzas de Seguridad.

Para pagar a los miembros de las mesas electorales se destinaron unos 11,7 millones de euros, 370.603 euros fueron para urnas y cabinas y alrededor de 2 millones a montarlas y desmontarlas.

Imprimir las papeletas, sobres y otros documentos como los listados del censo alcanza los 6,3 millones, y empaquetarlos y distribuirlos más de 1,3 millones. En torno a los 200.000 euros supone almacenar todo el material electoral, que a su vez cuesta otros 230.000 euros, además del gasto en artículos de oficina, unos 288.000 euros.

Cien mil euros más, es decir, alrededor de 381.000 euros, es la inversión para la campaña de publicidad institucional de elecciones, al tiempo que adecuar las instalaciones del centro de difusión de datos se lleva 900.000 euros. Algo menos, 860.000 euros, se destinan a imprevistos, y en torno a un millón de euros queda contemplado como fondo de contingencia.

Al margen de esta modificación de crédito, el Consejo de Ministros ha aprobado otra de 1.638.477,72 euros para el Ministerio del Interior, con el fin de atender el pago relativo a la financiación de los partidos políticos y la seguridad de sus sedes durante el período comprendido entre los días 21 y 31 de diciembre, es decir, desde la celebración de elecciones hasta el final de año. Ese dinero debe repartirse según la distribución de escaños resultante de las elecciones y que quedaron sin ejecutar durante el pasado ejercicio.