´Castro Feliciano cuestiona derechos de las personas´

Alfredo Abad cree que hay quien aprovecha la crisis para intentar modificar la política de inmigración y reprocha al presidente del TSJC por afirmar que la Ley de Extranjería provocará una avalancha de denuncias por malos tratos.

ALEJANDRO ZABALETA - Los gobiernos de Rodríguez Zapatero han ido variando su política con respecto a la inmigración, pasando de un generoso proceso de regularización a las restricciones que plantea ahora el ministro Corbacho. ¿A qué cree usted que se deben estas fluctuaciones?



- Creo que el contexto europeo y la aplicación de las directivas de la UE son una excusa. Las directivas establecen mínimos, pero no obligan a nadie a recortar derechos. Hay, eso sí, la convergencia de intereses de algunos Estados, que en políticas de control de los flujos migratorios imponen en el conjunto de Europa una posición que atenta contra otras direcciones. Se contempla la migración como mano de obra, como algo que está en el mercado, que tiene más o menos interés según las circunstancias y se puede regular como se regula el mercado. Pero eso es mentira, no podemos poner a las personas sujetas a nuestros intereses, o a nuestros índices de beneficios.



- Varios estudios apuntan a que la crisis no desacelerará los flujos migratorios, pero aquí en islas como Lanzarote o Fuerteventura asistimos al retorno de muchos inmigrantes tras perder su puesto de trabajo en el sector de la construcción.



- Con la crisis habrá, evidentemente, un descenso, no porque tengamos más control, sino porque hay menos posibilidades de desarrollar un proyecto de mejora de vida. Pero vamos a encontrar que los inmigrantes van a ser los paganos de la crisis, son los que quedan sin trabajo, los que van a perder las viviendas que están pagando, los que perderán antigüedad en sus empleos... Una inversión de un proyecto de vida que de repente queda despilfarrado por el cambio de circunstancias y la falta de apoyos necesarios para pasar esta transición. En todo caso, el movimiento migratorio se replegará, pero no cambiará, porque los flujos migratorios son un fenómeno com- plejo que está sujeto sobre todo a la globalización del mercado de trabajo. Porque la movilidad humana se ha transformado.



- ¿Cree usted que son justas las quejas que viene planteando el Gobierno canario respecto a los inmigrantes menores no acompañados, acusando a otras comunidades autónomas de falta de solidaridad por no querer acogerlos?



- Aquí lo que debe primar es el interés superior del menor. Son en primer lugar niños y en segundo inmigrantes. Dicho esto, yo creo que el Gobierno canario hace bien en reclamar la solidaridad de otras comunidades autónomas, siempre que no vayamos a una situación de cosificar a estos menores, sino que busquemos su mayor beneficio como personas.



- El otro día, el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, Antonio Castro Feliciano, alertó de una posible avalancha de denuncias de malos tratos por parte de los inmigrantes, pues el anteproyecto de la nueva Ley de Extranjería da la residencia a las maltratadas.



- Las manifestaciones de Castro Feliciano son un fenómeno peligroso, porque cuestiona, en base a los miedos y las intuiciones, las garantías de los derechos a las personas. Ya he escuchado en otros lados manifestaciones parecidas, alertando de que la Ley de Extranjería podría ser un coladero. Debemos tener en cuenta que la protección de los derechos es una prioridad que no se articula sobre cómo se utilizan o se dejan de utilizar los mecanismos. Siempre que intentemos mirar una ley desde la sospecha de que nos están engañando, de que nos van a timar, lo cual genera una desconfianza absoluta en los cuerpos de seguridad y judiciales, estamos poniendo precio a los derechos y devaluándolos en función de nuestros intereses o de la situación que se nos vaya a dar. Creo que éstos son miedos infundados, sostenidos en base a estereotipos y que no tienen que ver con la realidad del sufrimiento de las personas, que es lo primero que hay que mirar. De todas formas, la ley establece también las órdenes de expulsión, así que no está dando facilidades a las mujeres. Da una protección que ya está reconocida por normativas anteriores como la Ley de Igualdad. Seamos coherentes en esto y no intentemos entrar en dinámicas de devaluación, de coladero o de sospecha, como en su día se hizo con el recorte de derechos de los judíos, que fue el principio de una de las barbaridades más atroces que ha habido en Europa.