Operación policial

Cinco detenidos en Galicia por concesiones públicas

Se ha investigado documentación sobre el mantenimiento de zonas verdes de Santiago, Ourense y Ponteareas

18.02.2014 | 11:19

La Policía Nacional mantiene abierta una operación en varias localidades de Galicia relacionada con concesiones públicas y que está dirigida por un juzgado de Vigo, en el marco de la cual han sido detenidas al menos cinco personas, entre ellas un concejal.

Fuentes próximas a la investigación han explicado a Europa Press que, por el momento, se han llevado a cabo registros en dependencias municipales de varias localidades gallegas como Santiago de Compostela, Ponteares y Ourense, así como en la Diputación de Pontevedra.

La operación policial, que está siendo coordinada por el Juzgado de Instrucción Número 7 de Vigo, se ha saldado, hasta el momento, con cinco personas detenidas, entre ellas un concejal y otras cuatro vinculadas con empresas relacionadas con Cespa.

Agentes de la Policía Judicial se han presentado este martes en los concellos de Santiago y Ourense para requerir documentación relacionada con el mantenimiento de zonas verdes y la empresa Cespa. En el caso compostelano, se vincula a una actuación en los jardines de la alameda.

La secretaria del Juzgado Nº3 de Ourense, acompañada de varios agentes de la Policía Judicial, entraron esta mañana en las dependencias de la concejalía de Medio Ambiente para hablar con dos funcionarios, entre ellos Carlos Cárcamo, el jefe de servicio, sobre el concurso relacionado con el mantenimiento de las zonas verdes. Después, se trasladaron al Servicio de Contratación para requisar más documentación. La diligencia procede el Juzgado nº 7 de Vigo y la causa está bajo secreto sumarial.

Por su parte, la concejala Susana Bayo, responsable del área medioambiental, se personó en el consistorio tan pronto como tuvo conocimiento de los hechos para tener una reunión con el alcalde, Agustín Fernández.

Susana Bayo explicó que el expediente de contratación solicitado -gestionado bajo su mandato- se puso en marcha en noviembre de 2012 -Cespa era la anterior adjudicataria del servicio-, pero la adjudicación de ese contraro quedó paralizada al hilo de un recurso interpuesto por otra empresa competidora, una circunstancia que "desconocemos si está relacionada" con la actuación judicial. Susana Bayo trasladó, en todo caso, "absoluta tranquilidad, no hay preocupación al respecto".

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