Datos del 2013

Caen un 88% los expedientes del Defensor del Pueblo

El descenso en el número de quejas presentadas en 2013 respecto al año anterior fue del 32,2%

27.02.2014 | 15:49

Los expedientes tramitados por el Defensor del Pueblo descendieron un 88 % en 2013 respecto al año anterior, cuando se dispararon por las miles de reclamaciones contra la supresión de la paga extra de los funcionarios, aunque con relación a las quejas el descenso ha sido del 32,2 %.

La defensora del pueblo, Soledad Becerril, ha presentado en el Congreso y el Senado la Memoria Anual de la institución correspondiente a 2013, que registra un total de 33.167 expedientes, mientras que en 2012 hubo 280.592.

En cuanto a las quejas presentadas por los ciudadanos, sumaron 22.692, frente a las 33.478 de 2012.

Este descenso de las quejas hace pensar a Becerril "que puede haber unas perspectivas más esperanzadoras para los próximos meses y los próximos años".

En cuanto a los sectores a los que se referían las quejas, la mayoría hacía referencia a la función y empleo públicos (11.529), por delante de la actividad económica (3.550), la administración de justicia (2.204), la sanidad (1.854), la seguridad social (1.385), la hacienda pública (1.267), la política social (1.219) y la educación (1.115).

Según indica la responsable de esta institución en la introducción del informe, en 2013 se comprueba que las circunstancias de 2012 de "difícil situación económica por la que atravesaba España no han cambiado de manera súbita y que las dificultades económicas continúan, aunque las perspectivas de los últimos meses puedan alentarnos para tiempos venideros".

Por comunidades, Madrid, con más del 26 %, y Andalucía, con casi el 13, fueron las que presentaron más expedientes de queja ante el Defensor del Pueblo en 2013.

Por el contrario, las comunidades que presentaron un menor número de quejas fueron La Rioja (133), Navarra (220) y Cantabria (237), además de las ciudades autónomas de Ceuta (51) y Melilla (53).

Durante la rueda de prensa tras entregar el informe en el Parlamento y a preguntas sobre lo ocurrido en Ceuta, Becerril ha opinado que la utilización por parte de la Guardia Civil de pelotas o balas de goma contra inmigrantes que intentaban entrar a nado no fue "prudente", aunque se hizo utilizando los procedimientos habituales y autorizados.

JUSTICIA E INTERIOR:

El Defensor recoge numerosas quejas referidas al malestar ciudadano por la proliferación de casos de corrupción política y económica que reflejan la inquietud social existente en la que ya es una de las principales preocupaciones de los españoles.

En relación con la anulación de la doctrina Parot, expresa el "apoyo" y la "comprensión" de la institución con las víctimas del terrorismo y añade que "la sociedad española está en deuda con ellas".

La defensora del pueblo ha llamado la atención a Interior ante el número de quejas por el uso "desproporcionado y excesivo" de la fuerza por parte de los antidisturbios, y recomendó a la Secretaría de Estado de Seguridad que elaborase un protocolo de actuación para esas unidades.

Además, ha pedido a los ayuntamientos que instalen cámaras que recojan las infracciones de tráfico a fin de poder adjuntar en las notificaciones de las multas las fotografías que las acrediten, lo que contribuiría a erradicar la visión de que el único objetivo de las sanciones es "recaudar".

ECONOMÍA:

En materia económica, la defensora del pueblo ha calificado de "insuficientes" los avances que se han producido con la puesta en marcha de las normas para proteger a los deudores hipotecarios, ya que entre otras cuestiones, han tenido un escaso ámbito de aplicación.

También ha cuestionado la utilidad de que los clientes presenten una reclamación al Banco de España, porque aunque tengan razón, esto no sirve de base para que el supervisor ponga una sanción o para que las propias entidades financieras rectifiquen.

Becerril ha reclamado asimismo al Gobierno que incluya entre los gastos deducibles de la base imponible del IRPF las cotizaciones sociales de los empleados del hogar, así como una mejora de los mínimos personales y familiares exentos de IRPF y un IVA del 4 % para las viviendas protegidas.


SANIDAD:

En esta materia, expone que el Ministerio de Sanidad ha rechazado "diversas" recomendaciones sobre exenciones en el copago farmacéutico, un asunto que junto con las listas de espera constituyen los principales motivos de queja de los ciudadanos a la institución en materia sanitaria.

Las reclamaciones recibidas sobre urgencias hospitalarias son menos numerosas que otros años y las actuaciones desarrolladas se limitan a saturaciones en ocasiones puntuales.

A las quejas recibidas, que se han admitido en más de un 60 %, hay que añadir once actuaciones de oficio que se han abierto al Ministerio y a las administraciones autonómicas, entre las que destacan por el número de investigaciones Madrid, Castilla-La Mancha, Comunidad Valenciana y Murcia.


POLÍTICA SOCIAL:

Reclama a las comunidades autónomas que aborden la nutrición infantil con programas específicos, al margen de la lucha contra la exclusión social, ante las demoras en la concesión de una renta de integración -en algunos casos de 18 meses- y de otras ayudas para las familias.

En el ámbito social, más del 90 por ciento de las quejas tramitadas están relacionadas con situaciones de necesidad y exclusión social, con un notable incremento de las dificultades para el acceso a las rentas mínimas. En el ámbito sociosanitario destaca la dependencia y los problemas de las personas con discapacidad, y los asuntos relativos a menores y familias.

Respecto al sistema de atención a la dependencia, alerta de que absorbe la mayor parte del gasto en servicios sociales generales y hace hincapié en que no debe ser la única respuesta para proteger a colectivos vulnerables.

Las principales quejas sobre dependencia son la demora en la gestión de los expedientes, la falta de una financiación adecuada, la reducción de la cuantía de las prestaciones, el consiguiente incremento en las aportaciones de los beneficiarios al coste de servicios y el endurecimiento de las valoraciones.

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