19 de octubre de 2016
Desafío soberanista

La Fiscalía se querella contra la presidenta del Parlament

Acusa a Carme Forcadell de desobediencia y prevaricación y reclama que sea citada a declarar como investigada

19.10.2016 | 18:11
La presidenta del Parlament de Cataluña, Carme Forcadell.

La Fiscalía Superior de Cataluña se ha querellado este miércoles contra la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, acusándola de desobediencia y prevaricación por haber permitido en julio la votación sobre las conclusiones de la comisión de estudio del proceso constituyente pese a la advertencia del Tribunal Constitucional (TC).

En el escrito, presentado ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) --por la condición de aforada de Forcadell--, el fiscal superior de Cataluña, Jose María Romero de Tejada, pide que se le cite a declarar en calidad de investigada por haber adoptado acuerdos "claramente contrarios al ordenamiento jurídico".

El pleno del Parlament aprobó el 27 de julio --con el apoyo de JxSí y la CUP-- conclusiones que apuestan por impulsar un "proceso constituyente" en Cataluña pese a que el Tribunal Constitucional (TC) había avisado de que esta iniciativa vulnera la Constitución y había pedido a diputados y miembros de la Mesa impedir la votación.

Forcadell actuó con "una voluntad inequívoca e irreversible de llevar adelante su proyecto político por la fuerza de los hechos consumados, con total desprecio a la Constitución" y de los pronunciamientos del Constitucional, según le acusa la Fiscalía.

Impulsó un trámite constitucionalmente ilegítimo, viciado de raíz por falta absoluta de competencia y "extravagante de las genuinas funciones parlamentarias de las que estaban investidos", sostiene la querella, y ahora el TSJC deberá decidir si la admite a trámite.

Antecedentes

El pleno del Parlament aprobó el 27 de julio --con el apoyo de JxSí y la CUP-- las conclusiones que apostaban por impulsar un proceso constituyente en Cataluña, pese a que el Tribunal Constitucional (TC) había avisado de que esta iniciativa vulneraría la Constitución, con lo que había pedido a diputados y miembros de la Mesa impedir la votación.

Las conclusiones contemplaban que Cataluña impulse un proceso hacia la independencia y diseñar un mecanismo unilateral de ejercicio democrático para que los catalanes refrenden el Estado catalán, y recoge que "las leyes de desconexión no son susceptibles de control, suspensión o impugnación por parte de ningún otro poder, juzgado o tribunal".

A propuesta de Jordi Turull (JxSí) y Anna Gabriel (CUP), Forcadell permitió modificar las previsiones del Pleno e incluir en el orden de ese día la votación sobre las conclusiones de la Comisión de Estudio del Proceso Constituyente.

"Desprecio a la Constitución"

Forcadell posibilitó de esta forma aprobar una resolución que de manera expresa trata de desvincular a las instituciones catalanas del sistema constitucional, "dinamitando el sistema de distribución de competencias" estatales, según la Fiscalía.

El Ministerio Público considera que no se trata de una mera infracción del ordenamiento constitucional por parte de la presidenta del Parlament, que se pueda resolver por mecanismos ordinarios, sino que pretende "su abierta y deliberada derogación".

"Plan para la sedición"

Todo deriva de la aprobación el 9 de noviembre de 2015 de una resolución sobre el inicio de un "proceso de creación del Estado catalán independiente en forma de república", que el Gobierno central impugnó y finalmente el TC la declaró inconstitucional y nula en su totalidad.

La resolución contemplaba crear, entre otras, la comisión de Estudio del Proceso Constituyente, cuyas conclusiones aceptó Forcadell que se votasen "a pesar de las advertencias del Tribunal Constitucional".

Para la Fiscalía, la votación implica avanzar en el desarrollo de la resolución suspendida y en la aplicación de la misma, con la finalidad de abrir un proceso constituyente "concretando un plan preciso para la secesión".

La querella la ha presentado el fiscal superior de Catalunya después de que la fiscal general del Estado, Consuelo Madrigal, le ordenase interponerla.

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