08 de agosto de 2017
08.08.2017
Turismo

Baleares limita a 623.624 el número máximo de plazas para turistas

El Gobierno de izquierdas prevé multas de hasta 400.000 euros para los alquileres ilegales de pisos

09.08.2017 | 00:04
La nueva ley limita los pisos turísticos.

Las plataformas digitales que publicitan el alquiler de pisos a turistas en las Islas Baleares tienen 15 días para dejar de hacerlo y adaptar su oferta a la nueva ley del alquiler turístico, o se verán expuestas a multas que van de los 40.000 a los 400.000 euros.

El Govern balear ha remitido ya un aviso a unas 30 plataformas sobre la entrada en vigor de la nueva legislación, efectiva a partir de ahora, y un requerimiento a las páginas webs detectadas que están incumpliendo la ley balear, que prohíbe alquilar pisos a los turistas en todo el archipiélago.

En el caso de inmobiliarias, intermediarios turísticos o plataformas digitales que los publiciten, como AirBNB o HomeAway, la sanción puede llegar a los 400.000 euros.

Además, a partir de ahora los propietarios de pisos que los alquilen a turistas se enfrentan a multas que oscilan de 20.000 a 40.000 euros.

El conseller de Turismo y vicepresidente el ejecutivo balear, Biel Barceló, ha comparecido este martes con ocasión de la entrada en vigor de esta ley que pretende poner fin a la "especulación" en el alquiler de las viviendas y promover un modelo turístico "responsable, sostenible y equilibrado".

Barceló ha recordado que el alquiler de pisos a turistas ya estaba prohibido por ley del alquiler turístico del Govern del PP en la anterior legislatura, aunque sin embargo se permitía esta modalidad a través de la LAU estatal, la Ley de Arrendamientos Urbanos.

Con esta ley, que modifica la del PP, el ejecutivo progresista de PSIB-PSOE y MÉS quiere "poner orden" en la actividad del alquiler turístico y fija un "techo máximo" de plazas turísticas en Baleares, de todo tipo, de 623.624, de la que 435.707 corresponden a Mallorca, 109.800 a Ibiza, 60.117 a Menorca y 18.000 a Formentera.

De ese total, hay 120.000 plazas turísticas que se han ido concediendo desde el año 1999 en régimen de excepción y que no se renovarán en cuanto se vayan dando de baja, ha explicado el conseller. Es decir, el objetivo es reducir la oferta de plazas.

La nueva ley deja la posibilidad a los consells insulars de cada isla -Mallorca, Menorca, Ibiza y Formentera- y al Ayuntamiento de Palma de decidir si permiten el alquiler turístico en pisos, cuánto tiempo y en qué zonas.

Estas instituciones, gobernadas por partidos progresistas, tienen un año para acordar qué hacen, aunque se prevé que mayoritariamente mantendrán la prohibición.

Una plataformapara denuncias


Con el fin de perseguir el alquiler ilegal en pisos, la Conselleria de Turismo pondrá en funcionamiento una plataforma electrónica para que los ciudadanos denuncien a los propietarios que los alquilen. En ningún caso las denuncias pueden ser anónimas y solo servirán para que los inspectores inicien su trabajo.

A efectos prácticos, el propietario que desde hoy, martes, tenga en su piso a un turista menos de 30 días, sin un contrato de arrendamiento y sin que el visitante haya pagado una fianza, está actuando ilegalmente y se expone a ser multado.

La directora general de Turismo, Pilar Carbonell, ha informado que de que en primavera se puso en marcha una campaña en Mallorca para perseguir la publicidad del alquiler de pisos a turistas a través de inmobiliarias.

A finales de abril se inspeccionaron 9 inmobiliarias y se abrieron 8 expedientes por comercializar hasta 330 pisos "prohibidos", por lo que estas agencias se enfrentan a multas que suman 220.000 euros.

Unos meses después, a finales de julio, se inspeccionaron 8 agencias más de la isla, pero en esta ocasión solo se detectó la comercialización de 20 pisos, lo que puede ocasionar sanciones por 36.000 euros.

Estos datos muestran que "comienza a eliminarse la oferta ilegal" ha destacado Carbonell, que ha anunciado que varias plataformas digitales ya se han puesto en contacto con la conselleria para reunirse en septiembre y adaptarse a la nueva legislación.

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