16 de septiembre de 2017
16.09.2017
El desafío catalán Cuenta atrás hacia el 1 de octubre

Montoro interviene las cuentas en Cataluña para evitar desvíos al 1-O

La Generalitat acusa al Gobierno de aplicar "por la puerta de atrás" el artículo 155 de la Constitución al asumir el pago de servicios básicos

16.09.2017 | 02:33
El president, en plena campaña.

El Gobierno intervino ayer las cuentas de la Generalitat haciéndose cargo del pago de los servicios esenciales en Cataluña. La medida trata de garantizar que no se desviarán fondos para el referéndum del 1 de octubre y es la respuesta a la decisión de la hacienda catalana de no informar semanalmente de sus movimientos. Como complemento, el Ejecutivo de Mariano Rajoy da 48 horas al presidente Carles Puigdemont para que adopte un acuerdo de no disponibilidad del resto del presupuesto que cierre cualquier posbilidad de allegar dinero a la consulta. La Generalitat anunció "una batalla jurídica" contra lo que considera la aplicación "por la puerta de atrás" del artículo 155 de la Constitución, que faculta al Gobierno para asumir el control de una comunidad autónoma cuyo gobierno no respete la legalidad.

"El Estado sustituye en los pagos a la comunidad, no completamente, pero sí en la mayoría de pagos esenciales", explicó ayer el titular de Hacienda, Cristóbal Montoro tras el Consejo de Ministros. En la práctica esos supone que el Gobierno central asumirá directamente el pago de "todos los servicios públicos fundamentales", incluidas las nóminas de los funcionarios que los presten. Según la fórmula "novedosa", que Montoro detallará la semana próxima en el Congreso a petición propia, el Estado dejará de transferir fondos a Cataluña para las prestaciones básicas y abonará directamente estos servicios a los proveedores una vez que la Generalitat certifique todos los gastos que tiene pendientes. Como complemento, el Gobinero exige a Puigdemont que se comprometa a no disponer de otras partidas presupuestarias sin certificar que no van destinados al referéndum soberanista.

El Ejecutivo enviará el acuerdo adoptado ayer a las entidades de crédito para que exijan que cualquier pago de la Generalitat esté acompañado de un certificado de la Intervención General. Instará además a los bancos a que comuniquen de inmediato a la Fiscalía cualquier irregularidad que detectan. El Ministerio de Hacienda matizó en un comunicado que también limita todas las operaciones de endeudamiento de la Generalitat, incluso a corto plazo, que deberán tener autorización previa del Consejo de Ministros.

Al margen de la confrontación política, la Guardia Civil intervino ayer cerca de 100.000 carteles de publicidad del referéndum en una nave industrial de la empresa Marc Martí, vinculada a un publicista que estuvo imputado en el caso del Palau de la Música. Según fuentes cercanas a la investigación, citadad por Efe, los agentes registraron durante varias horas dos naves industriales, de las que se llevaron tres furgonetas cargadas con varias cajas de carteles para anunciar la consulta suspendida por el Tribunal Constitucional. Ante estas acciones, el presidente Puigdemont afirmó ayer que "¡Ni la Ley Fraga se atrevía a tanto!".

En un acto a favor de la consulta en Badalona, el jefe del Ejecutivo catalán criticó el despliegue de efectivos de la Benemérita en Cataluña y se preguntó "¿Dónde estaba la Guardia Civil este verano cuando los necesitábamos en el aeropuerto? ¿Dónde estaban mientras la gente perdía sus vuelos?".

Para Puigdemont -quien ayer recusó a los tres jueces del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña que lo investigan por el referéndum- "el 1 de octubre, o sale reforzado Rajoy y su España en blanco y negro, la España del Nodo y la Ley Fraga, o ganamos los demócratas". Cataluña se encuentra en un "estado de excepción encubierto", aseguró el presidente del Govern durante el acto de campaña.

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