17 de octubre de 2017
17.10.2017
Desafío independentista

El Constitucional anula por unanimidad la ley del referéndum del 1-O

El tribunal dice que la norma invade competencias estatales en materia de consultas de carácter referendario y vulnera, entre otros principios, la supremacía de la Carta Magna y la "indisoluble unidad de la Nación española"

18.10.2017 | 11:14
El Constitucional anula por unanimidad la ley del referéndum del 1-O

El pleno del Tribunal Constitucional ha considerado nula, por inconstitucional, la ley del referéndum catalán de independencia del 1 de octubre, en una sentencia en la que le niega a Cataluña el derecho a la autodeterminación y reprocha al Parlament que somete a los ciudadanos a un poder arbitrario.

La ley anulada ya había sido suspendida cautelarmente el pasado 7 de septiembre y ahora es privada definitivamente de cualquier legitimidad. Pero la sentencia va más allá de la resolución y abunda en argumentos de extrema dureza contra el Parlament.

Así, reprocha a éste el haber dejado a los ciudadanos "a merced de un poder que dice no reconocer límite alguno", es decir, arbitrario.

En el fallo, adoptado hoy por unanimidad, el TC acepta el recurso del Gobierno contra la norma del Parlament que condujo a la convocatoria y le espeta al legislativo catalán que "un poder que niega expresamente el derecho, se niega a sí mismo como autoridad merecedora de acatamiento".

La norma anulada se denominaba literalmente "Ley del referéndum de autodeterminación" y, por ello, el alto tribunal se detiene a señalar que Cataluña no es sujeto de tal derecho.

La autodeterminación, entendida como derecho a promover y consumar su secesión unilateral del Estado, no está reconocida en la Constitución, y tampoco forma parte de nuestro ordenamiento jurídico por vía de tratados internacionales, dice.

Y luego el Tribunal recuerda que "el derecho de libre autodeterminación" de los pueblos que proclaman el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y el Pacto de Derechos Económicos y Sociales (ambos suscritos por nuestro país) ha quedado limitado en "diversas resoluciones inequívocas de las Naciones Unidas" a los casos de "sujeción de pueblos a una subyugación, dominación y explotación extranjeras".

Fuera de esos supuestos, "todo intento encaminado a quebrantar total o parcialmente la unidad nacional y la integridad territorial de un país es incompatible con los propósitos y principios de la Carta de las Naciones Unidas".

El Parlament celebra la aprobación de la ley de transitoriedad. EFE

Por otro lado, para el TC, la norma invade competencias estatales en materia de consultas de carácter referendario y vulnera, entre otros principios constitucionales, la supremacía de la Constitución, la soberanía nacional y la indisoluble unidad de la Nación española.

Sostiene, asimismo, que durante la tramitación parlamentaria de la ley el Parlamento de Cataluña incurrió "en muy graves quiebras del procedimiento legislativo", afectando de ese modo a la formación de la voluntad de la Cámara, a los derechos de las minorías y a los derechos fundamentales de todos los ciudadanos a participar en los asuntos públicos mediante representantes.

Además, el Tribunal considera que la ley en su conjunto es, "con toda evidencia, inconstitucional", al contrariar explícitamente "principios esenciales de nuestro ordenamiento constitucional: la soberanía nacional, residenciada en el pueblo español, la unidad misma de la Nación constituida en Estado social y democrático de Derecho, y la propia supremacía de la Constitución".

La Constitución admite "su revisión total"


Respecto al referéndum de autodeterminación vinculante, el Tribunal afirma que "lo que a todos afecta, es decir, la permanencia o no de ese Estado común en que España quedó constituida, no podría, llegado el caso, sino ser reconsiderado y decidido también por todos; lo contrario entrañaría, con la ruptura de la unidad de la ciudadanía, la quiebra, en términos jurídico-constitucionales, de la Nación de todos".

La sentencia reitera que la Constitución admite "su revisión total", pero ésta sólo puede llevarse a cabo "en el marco de los procedimientos de reforma" que el texto constitucional prevé.

"Otra cosa supondría -añade la sentencia- liberar al poder público de toda sujeción a Derecho, con daño irreparable para la libertad de los ciudadanos". Esto último, concluye, es "lo que ha consumado el Parlamento de Cataluña al aprobar la ley impugnada".

Así, el Parlamento de Cataluña, con "desconocimiento pleno" de la lealtad constitucional y del principio democrático, "se ha situado por completo al margen del Derecho", dice también.

Finalmente, el Tribunal reitera a las autoridades y cargos públicos de la Generalitat su deber de "impedir o paralizar cualquier iniciativa que pudiera suponer ignorar o eludir el fallo de esta sentencia".

El TC admitió a trámite en septiembre cuatro recursos presentados por el Gobierno contra las resoluciones adoptadas por el Parlament y el Govern: la ley en la que se basó el referéndum; el decreto de convocatoria, y las normas que los completaban.

La sentencia de hoy se refiere a la ley del Parlament que hizo posible el resto de las normas encaminadas a la celebración del referéndum de independencia.

Admitido a trámite el recurso contra la ley de seguridad social cataluna 


Además, el, Pleno del Tribunal Constitucional ha admitido a trámite el recurso que interpuso el Gobierno a finales del pasado mes de septiembre contra la Ley de la Agencia de Protección Social de Cataluña por entender que pretende crear un organismo autónomo de sanidad y seguridad social vinculado al proceso secesionista, han confirmado a Europa Press fuentes de este órgano. La admisión del recurso supone la suspensión de la vigencia de la norma durante al menos cinco meses.

En su recurso, los Servicios Jurídicos del Estado interpretaban que la agencia de protección social que planeó crear la Generalitat es una de las estructuras de Estado que impulsa como parte del proceso secesionista.

La norma proyecta la creación de un organismo autónomo de carácter administrativo, con personalidad jurídica propia, capacidad de obrar y de organizarse, y que actúa con plena autonomía presupuestaria y funcional según expone el Gobierno en su recurso, entendiendo por ello que la norma catalana vulnera las competencias estatales en materia de sanidad y seguridad social.

La Ley, aprobada el pasado 7 de septiembre en el Parlament, regula el organismo encargado de gestionar el sistema y las prestaciones de protección social en Cataluña y establece que el presidente de este organismo lo debe nombrar el Parlament. Se trata de una de las denominadas tres leyes de 'desconexión' -las otras dos son la de hacienda catalana y la de transitoriedad jurídica.

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