19 de octubre de 2017
19.10.2017
Desafío independentista

Los cinco delitos por los que Puigdemont podría acabar en la cárcel

El president y su Gobierno se enfrentan hasta a cinco infracciones como sedición o malversación

20.10.2017 | 00:14
El presidente catalán Carles Puigdemont.

Son muchos días de incertidumbre y muchas cosas sobre la mesa. La situación entre Cataluña y España se ha enquistado en una suerte de día de la marmota que este mismo jueves puede sufrir un nuevo revés. Y es que, el pulso político entre Carles Puigdemont y Mariano Rajoy aun no ha terminado. 

El president de la Generalitat, tras volver a pedir diálogo al Gobierno central, ha recibido la amenaza del 155, algo que no ha hecho más que avivar la incertidumbre. Sus socios de Junts x Sí se han negado a que haya unas nuevas elecciones autonómicas, la última proposición de Rajoy de este miércoles, y las cosas siguen en el aire. 

Pero, durante todo este proceso desde la creación del referéndum hasta ahora, ¿en qué delitos han podido incurrir el presidente Puigdemont y su Gobierno?

El fiscal general del Estado, José Manuel Maza, reconocía, en una entrevista hace unos días, que una posible detención al presidente catalán "no está descartada". Una posibilidad que el propio Puigdemont tachó de "mala idea" en el programa de Jordi Évole. Pero lo cierto es que el presidente ya es una persona investigada por parte del Tribunal Constitucional

A principios del pasado mes de septiembre, el Govern y la Mesa del Parlament al completo eran denunciados por la Fiscalía Superior de Justicia de Cataluña, que piden hasta ocho años de cárcel y 25 de inhabilitación. A todos ellos, se les acusó de desobediencia, prevaricación y malversación, delito que implica penas de prisión. Fue entonces cuando se procedió al cierre de las webs que tenían que ver con el proceso soberanista y cuando se llamó a los diferentes alcaldes que lo apoyaban a declarar. Aunque, en un escenario similar, después de la votación del 9 de noviembre de 2014, el despliegue quedó reducido a leves condenas de inahilitación sobre Artur Mas, Francesc Homs y las entonces consejeras Joana Ortega e Irene Rigau.

Por otro lado, en el caso de que se declare la independencia las cosas se volverían mucho más serias. Pese a que ya ha habido quejar ante la sola idea de hablar de una detención a Puigdemont, lo cierto es que se le podría acusar de los dos delitos más graves contra la Constitución, sedición y rebelión, que suponen hasta 30 años de cárcel. 

En el caso de la sedición -por lo que está en libertad con cortapisas el major de los Mossos, Josep Lluìs Trapero-, se contempla en el título XXII, capítulo I, artículo 544 del código penal, y castiga a aquellos que "se alcen pública y tumultuariamente para impedir, por la fuerza o fuera de las vías legales, la aplicación de las Leyes o a cualquier autoridad, corporación oficial o funcionario público, el legítimo ejercicio de sus funciones o el cumplimiento de sus acuerdos, o de las resoluciones administrativas o judiciales". En este sentido, las penas de prisión vas de ocho a diez años, y de diez a quince para aquellas "personas constituidas en autoridad", como sería el caso de Puigdemont. "En ambos casos se impondrá, además, la inhabilitación absoluta por el mismo tiempo", señala el Código Penal, que insiste también en que podrán ser castigados quienes participen en la "provocación, la conspiración y la proposición para la sedición".

En lo que se refiere a la rebelión, se trata de una versión bastante más grave que el delito anterior y está dirigido a personas que actúen de forma "violenta y públicamente" para, entre otras posibilidades, "derogar, suspender o modificar total o parcialmente la Constitución" o "declarar la independencia de una parte del territorio nacional". La diferencia entre ambos delitos es el paso del tumulto a la violencia, lo que hace que con éste último las penas se endurezcan.  "Los que, induciendo a los rebeldes, hayan promovido o sostengan la rebelión, y los jefes principales de ésta, serán castigados con la pena de prisión de quince a veinticinco años e inhabilitación absoluta por el mismo tiempo". Además, "si se han esgrimido armas" o "la rebelión hubiese causado estragos en propiedades de titularidad pública o privada", la pena de prisión pasa a ser de veinticinco a treinta años.

En ambos casos se aplicaría también los delitos al resto del Gobierno del president, ya que han sido parte y colaboradores de lo ocurrido. 

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