21 de octubre de 2017
21.10.2017
Desafío independentista

Rajoy aplica el artículo 155: destitución de Puigdemont y su Govern y elecciones antes de seis meses

El presidente ha destacado que no se suspende la autonomía, sino que se releva a los cargos del Gobierno catalán - El artículo permitirá asumir el control de los Mossos y los responsables de TV3 - El Senado prevé aprobar las medidas la próxima semana - El Estado podrá perseguir a funcionarios que no acaten las medidas

22.10.2017 | 11:11
Rajoy aplica el artículo 155: destitución de Puigdemont y su Govern y elecciones antes de seis meses

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, pedirá al Senado, amparándose en el artículo 155 de la Constitución, destituir al presidente de la Generalitat de Cataluña, Carles Puigdemont, a su vicepresidente, Oriol Junqueras, y al resto del Ejecutivo catalán. También reclamará para sí la capacidad de disolver el Parlamento autonómico y ha anunciado su intención de convocar elecciones en un plazo máximo de 6 meses, aunque espera que sea en menos tiempo.

Así lo ha anunciado en el Palacio de la Moncloa, tras la reunión extraordinaria del Consejo de Ministros para aprobar las medidas, pactadas con el PSOE y Ciudadanos, que el Ejecutivo enviará al Senado, donde se tramitarán en la Comisión de Comunidades Autónomas o en la que se cree al efecto, para ser votadas en el pleno que se convará para el viernes 27 de octubre.

Mariano Rajoy ha explicado las medidas más importantes que se aplicarán al amparo del artículo 155. Entre ellas, propondrá al Senado asumir él la facultad de disolver el Parlamento catalán y la capacidad para convocar las elecciones autonómicas en un plazo máximo de 6 meses. No obstante, Rajoy ha expresado su voluntad de hacerlo "tan pronto como se recupere la normalidad institucional".

"Celebrar elecciones es el objetivo, lo quiere la mayoría, el sentido común y se trata de abrir nueva etapa en la que la ley se respete, los derechos de la gente se preserven y la convivencia y el bienestar de las personas", ha argumento el jefe del Ejecutivo.

La aplicación del artículo 155 supondrá que el Gobierno, o el órgano que designe para ello, asumirá el mando de los Mossos d'Esquadra, y también podrá el Ejecutivo cesar o nombrar a los responsables de TV3 y Catalunya Ràdio para garantizar una información veraz y respetuosa con el pluralismo político.

Según el documento aprobado por el Consejo de Ministros, acordado el cese del presidente, el vicepresidente y todos los consellers del Consell de Govern, la Administración General de la Generalitat actuará bajo las directrices de los órganos o autoridades creados o designados por el Gobierno.

Estos órganos podrán acordar el nombramiento, cese o sustitución temporal con asunción de las competencias correspondientes de cualquier autoridad, cargo público y personal de la Administración de la Generalitat, así como de los organismos, entes y entidades vinculadas o dependientes de la misma y de su sector público empresarial.


Rajoy anuncia el cese como president de Carles Puigdemont y de todo el Govern de Cataluña.

Igualmente, el Estado podrá imponer sanciones disciplinarias a los funcionarios o personal laboral de la Generalitat de Cataluña que no acaten la aplicación del artículo 155 de la Constitución acordado hoy por el Consejo de Ministros, sin perjuicio de ponerlo en conocimiento de la Fiscalía.

Arropado por todo su Gabinete, el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha comparecido en el Palacio de la Moncloa tras la reunión extraordinaria del Consejo de Ministros que ha aprobado las medidas para restaurar el orden constitucional en Cataluña, al amparo del artículo 155 de la Constitución.

Cese del gobierno catalán; los ministerios asumirán las funciones


También pedirá, con el fin de "proteger el interés general de la nación" que se autorice al Gobierno a cesar al presidente de la Generalitat, el vicepresidente y todos los consejeros que integran el Consejo de Gobierno. Las funciones serán asumidas por el órgano que cree o designe el Gobierno de la nación y, en principio, serán asumidas por los Ministerios.

En este punto, Mariano Rajoy ha querido dejar claro que la Administración de la Generalitat de Cataluña, de acuerdo con el artículo 71 del Estatuto, continuará funcionando como la administración ordinaria que ejercer las funciones que se le atribuyen en el mismo. No obstante, lo hará bajo las directrices de los órganos o autoridades que el Gobierno designe, que en principio serán los ministerios.

Se restringen las competencias del Parlament


En cuanto al Parlamento catalán, el Gobierno también pedirá al Senado restringir sus funciones, de tal forma que el presidente del Parlament no pueda proponer un candidato a la presidencia de la Generalitat, ni se pueda celebrar un debate y votación de investidura en la Cámara legislativa regional.


El Gobierno asumirá el control de los Mossos.

Ésta tampoco podrá ejercer el control de los órganos que gobiernen provisionalmente Cataluña -que corresponderá al organismo que designe el Senado-, ni podrán adoptar iniciativas contrarias a la Constitución y el Estatuto de Autonomía de Cataluña. Además, sobre las resoluciones que se adopten, el Gobierno tendrá 30 días para ejercer su derecho de veto.

Tras anunciar las principales medidas que se llevarán a cabo, el presidente del Gobierno ha querido dejar claro que esta intervención "no suspende la autonomía, ni el autogobierno", sino que se cesa a los que "han puesto ese autogobierno fuera de la ley".

Además, ha querido enviar un mensaje de "tranquilidad" a todos los españoles y sobretodo, a los catalanes. Ha admitido que es un "momento difícil" pero se ha mostrado convencido de que se va a superar estando "todos juntos", como se han superado otros momentos difíciles en la historia de España.

Pide que no se vayan más empresas


Rajoy, quien ha pedido que no se vayan más empresas, ni depósitos porque "esto se arreglará y sin más daño para nadie", ha señalado que la aplicación del artículo 155 de la Constitución sólo se puede paralizar si el Senado no lo aprueba, respondiendo así a la pregunta de si una convocatoria electoral por parte de Carles Puigdemont puede paralizar esta actuación.



No obstante, no ha respondido qué hará el Gobierno si los cargos de la Generalitat no abandonan su puesto cuando sean cesados y, sobre si teme que haya nuevas protestas en la calle, ha dicho que su único temor es no cumplir con su obligación. "Yo tengo algunas obligaciones, las tengo claras, he sido muy prudente y lo que me he encontrado enfrente no lo había visto en los muchos años en la vida política. Yo no elegí a mi interlocutor, lo eligieron otros y tendrán que explicar por qué lo hicieron", ha remachado.

En relación con el diálogo -que ha calificado de palabra "hermosa" que en esta ocasión se ha convertido en "mágica"-, ha recriminado a la Generalitat que no lo planteara, sino que quisiera una "imposición" de algo que el Gobierno "no podía hacer", como era transferir la competencia a la Generalitat para que realizara un referéndum de independencia.

El 155, contra el "deseo" del Gobierno


Rajoy también ha asegurado que el Gobierno "ha tenido" que aplicar el artículo 155 a pesar de que ni era su deseo, ni su intención. "No lo fue nunca", ha exclamado. Tras precisar que esta herramienta legal sólo se aplica "en circunstancias excepcionales", ha justificado su utilización porque "ningún gobierno puede aceptar que se ignore la ley" y se cambie para ésta para "imponer el criterio a los demás".




Los objetivos que se persiguen con la aplicación de este artículo constitucional que también figura en otras constituciones europeas, según ha dicho, son cuatro: volver a la legalidad; recuperar la normalidad y la convivencia; continuar con la recuperación económica que hoy está en evidente peligro por las decisiones "caprichosas y unilaterales" que se han adoptado y celebrar elecciones.

Ha relatado la fuga de empresas, la caída de las reservas turísticas y el hecho de que se han desincentivado las inversiones para dejar claro que los "efectos beneficiosos" que tendría la independencia en la economía es una de las "grandes historias" en las que "se ha faltado a la verdad".

En este sentido, ha advertido que la secesión implicaría la salida de Cataluña de la UE, la imposición de aranceles y el control de fronteras, las entidades financieras dejarían de estar bajo el paraguas de la UE y habría una contracción del crédito, que ya se está produciendo. En resumen, la independencia empobrecería Cataluña entre el 25 y el 30 por ciento del PIB.

El Ejecutivo subraya la "contumacia" del Govern en su actitud


En la exposición de motivos de las medidas que está analizando el Consejo de Ministros, el Gobierno también subraya la "desobediencia rebelde, sistemática y consciente" de la Generalitat respecto a las obligaciones que le imponen las leyes y por el hecho de que sus actuaciones "atenten gravemente" al interés general de España.

Además, resalta las "reiteradas desatenciones" de Cataluña y la "contumacia" mostrada por los impulsores del proceso soberanista "en ignorar e incluso contravenir abiertamente" el marco legislativo.

"Dicha actitud" dice el argumentario del Gobierno, "además de intolerable, no resulta ni mucho menos inocua".
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