El alcalde de Pájara, el socialista Rafael Perdomo, los concejales Blas Acosta (PSOE) y Antonio Olmedo (PP), así como el secretario de la institución sureña tendrán que prestar declaración en calidad de imputados por un presunto delito de cohecho y otro de tráfico de influencias en relación con las inversiones inmobiliarias del Grupo Europa en el municipio de Pájara que investiga el juez del caso Faycán.
El regidor socialista y su compañero Blas Acosta, también portavoz del PSOE en el Cabildo de Fuerteventura y en la época de la denuncia concejal de Urbanismo, deberán comparecer hoy en el Juzgado de Instrucción número 4 de Puerto del Rosario ante la jueza sustituta Débora Ruiz, quien tomará declaración en base a la pieza separada del caso Faycán que fue remitida a los Juzgados majoreros en su día por el juez instructor del caso de corrupción de Telde.
El turno de comparecencia se cierra mañana con la presencia en los Juzgados majoreros del concejal Antonio Olmedo, que era responsable del departamento de Hacienda en el momento en que se produjo la operación urbanística entre el Ayuntamiento de Pájara y el empresario Antón Marín, administrador único del Grupo Europa, así como del secretario del Ayuntamiento sureño, Antonio Muñeca.
La documentación que obra en poder de la Brigada de Información de la Policía y del juez instructor se detectó una operación urbanística irregular entre el Ayuntamiento de Pájara y el Grupo Europa mediante el cual la empresa Gardenkit, filial del Grupo Europa, adquirió mediante subasta pública 12 parcelas de un total de 17.511 metros cuadrados de suelo y 20.996 metros cuadrados de edificabilidad donde se detecta que el precio del suelo pasa de ser de unos 400 euros el metro cuadrado, que es lo mínimo que marca el técnico municipal por esos solares, a 206 euros en el acuerdo con Gardenkit, que además logra un aplazamiento en el pago de seis años.
Los imputados deberán responder ante la jueza sobre la citada venta a Gardenkit por poco más de cinco millones de euros cuando el precio real era de 9,7 millones. La jueza también quiera saber los detalles sobre la inscripción de las parcelas en el Registro de la Propiedad, dado que cuando la compra fue elevada a escritura pública, el registrador observa irregularidades en la operación, entre ellas que había parcelas que no procedían de la subasta pública, además la forma de pago pactada, lo que el Ayuntamiento no cobraría el total hasta el año 2012.
