La decisión del Ayuntamiento de La Oliva de hacer cumplir la legislación en cuanto a las acampadas y prohibir que las mismas se desarrollen dentro del dominio público marítimo-terrestre ha provocado desde hace meses un duro enfrentamiento entre la Asociación de Campistas de Fuerteventura y la Corporación que preside Rosa Fernández.
Los campistas consideran que el Consistorio de La Oliva ha mantenido con el citado colectivo "un trato vejatorio y humillante" tras haber habilitado varias zonas para las acampadas "zonas de riscos y mar abierto", según denuncia el presidente del colectivo, Antonio González.
Los naturalistas denuncian que mientras se les imponen a los mismos limitaciones para desarrollar esta actividad, las calas situadas entre el faro de El Cotillo y Maridíaz se encuentran "invadidas por practicantes de windsurf y kitesuf, así como perros propiedad de los supuestos practicantes de este deporte, lo que supone más insalubridad e inseguridad para estas playas, supuestamente privatizadas con anterioridad por los campistas y por ende rechazadas por el Consistorio, en un constante y continuo acoso hacia este colectivo".
Los campistas ponen en duda las condiciones de las zonas habilitadas por el Ayuntamiento de La Oliva, tales como Meridíaz, Caleta Beatriz, Punta Blanca y La Caleta, y denuncian que la mayor parte de ellas no disponen de los servicios mínimos para el desarrollo de la acampada. Entre sus quejas destacan la ausencia de depósitos para la recogida de basuras, la limpieza de la zona con la presencia de sebas muertas en avanzado estado de putrefacción, la falta de limpieza de la costa, los depósitos de agua sucia sin cubrir, aunque no todas las zonas disponen de ellos, mientras que afirman que en La Caleta no se retiran las aguas residuales ni los desperdicios generados desde Semana Santa.
