Unas 400 granjas están en situación ilegal

ANTONIO CABRERA
El campo majorero se deteriora. Al alto nivel de protección que sufre el territorio insular hay que sumarle la importante ocupación del suelo rústico y la situación de ilegalidad en que se encuentran la casi totalidad de las explotaciones ganaderas. Se calcula que unas 400 granjas majoreras están en situación ilegal y con graves problemas para su regularización, que cierne sobre ellas el riesgo de cierre.

Ninguno de los planeamientos municipales, actualmente en revisión, contempla suelo para el sector primario, ya que ni tan siquiera se reservó suelo rústico para que agricultores y ganaderos pudieran establecerse.

La situación del sector primario es de desamparo tras la masiva ocupación del suelo rústico con construcciones de viviendas por doquier que lo han empujado a un callejón sin salida. Las granjas que se habían establecido desde hace años se han visto rodeadas de casas y chalés. Si algunos ayuntamientos aplican su normativa actual los corrales deben estar ubicados a dos kilómetros de cualquier casco urbano, pero lo cierto es que los ganaderos construyeron primeros sus granjas antes que los vecinos sus viviendas.

El Gobierno de Canarias aprobó el pasado año la Ley de Medidas Urgentes buscando, entre otras cuestiones, una salida a la regularización de las explotaciones ganaderas. Sin embargo, el Ejecutivo no ha procedido a la legalización de una sola granja en la Isla. Tampoco puede mientras no se apruebe el decreto por el que se establece el procedimiento para legalizar las granjas.

Una pregunta al Gobierno del parlamentario socialista Domingo Fuentes pone al descubierto la desidia institucional. "Será muy difícil poner dentro de la ley explotaciones ubicadas en espacios naturales protegidos y en asentamientos rurales con viviendas cercanas, ya que las Ley de medidas Urgentes las prohíbe", señala Fuentes.

La consejera del Cabildo, Natalia Évora, pide al Gobierno que agilice los trámites para solucionar este grave problema.