La alcaldesa defiende la legalidad de las viviendas que cuestiona la Fiscalía

ANTONIO CABRERA
La alcaldesa del Ayuntamiento de La Oliva, Rosa Fernández, ha defendido la ejecución del proyecto de urbanización del SAU-10 Panorama Tres Islas, que se viene ejecutando en Corralejo y que cuestiona la Fiscalía de Medio Ambiente de Las Palmas, que ha solicitado al Juzgado Contencioso Administrativo que paralice la construcción de las viviendas previstas en el citado plan parcial.

El origen de la actuación del representante del Ministerio Fiscal está en la denuncia presentada por Convergencia Democrática de Fuerteventura (CDF), en el mes de abril de 2008, al considerar que el citado plan parcial no podía haber sido aprobado por el Ayuntamiento norteño dado que había sido anulado con anterioridad por el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC).

La regidora señaló que sobre el suelo que cuestiona la Fiscalía " se han desarrollado dos planes parciales distintos. Uno en el año 2000 que fue anulado por el TSJC y otro en el 2002 que se encuentra en vigor y además con las autorizaciones tanto del Ayuntamiento como con el informe favorable de la Cotmac".

El Plan Parcial SAU-10 Panorama Tres Islas cuenta con una superficie de 266.300 metros cuadrados donde se pretende construir unas 397 viviendas. De momento, la empresa propietaria, Isla Acuática Azul, SL, ha ejecutado casi el 95 por ciento del proyecto de urbanización.

Respecto a la petición de la Fiscalía de requerir al Ayuntamiento de La Oliva copia testimoniada de todas las licencias concedidas a la mencionada empresa promotora de las obras, la alcaldesa Rosa Fernández, argumenta que " hemos remitido en dos ocasiones al Ministerio Fiscal toda la documentación y expedientes que nos ha requerido". Además, reconoce que existe una impugnación del ministerio fiscal al polémico proyecto de urbanización, "pero se ha recurrido y todavía el juez no ha resuelto nada de nada".

Los denunciantes sobre el citado Plan Parcial SAU-10, afirman que el suelo se encontraba afectado por la Ley de Moratoria Turística y que si inicialmente tenía un uso mixto turístico-residencial fue desclasificado como suelo rústico de protección territorial.

El mencionado Plan Parcial fue aprobado por primera vez en 1996 por silencio administrativo que fue anulado por el TSJC por no ser conforme a derecho. En 2005, el Ayuntamiento aprueba el proyecto de urbanización.