ANTONIO CABRERA - PUERTO DEL ROSARIO. El administrador único de la empresa Isla Acuática Azul SL, Francisco Ufano, ha defendido la legalidad de su proyecto urbanístico en el plan parcial Panorama Tres Islas, en Corralejo, que cuestiona la Fiscalía de Medio Ambiente del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) hasta el punto de que ha solicitado al Juzgado de lo Contencioso Administrativo nº 2 de la capital grancanaria la paralización de las viviendas que se quieren edificar en ese suelo.

El promotor asegura que la actuación del fiscal les ha hecho "mucho daño comercial y por tanto económico. Insisto en que debe haber un error porque este plan parcial dispone desde hace años de todas las autorizaciones". También, añade que su promoción urbanística, "no son 3.000 viviendas sino 397. Desde que se culminen las obras del proyecto de urbanización comenzaremos a construir algunos chalets de bastante nivel, pero muy pocos porque la situación económica así lo aconseja y para que la gente pueda comprobar que nuestra urbanización sigue adelante".

DENUNCIA. La intervención de la Fiscalía de Medio Ambiente tiene su origen en la denuncia interpuesta por Carmelo Calero, actualmente concejal del Ayuntamiento de La Oliva por Alternativa Democrática por Fuerteventura en abril de 2008 al detectar que en el citado suelo no se puede desarrollar ninguna actuación urbanística ya que está anulado el plan parcial, no solo por el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC), ya que fue ratificado posteriormente por el Tribunal Supremo.

Calero sostiene que el Ayuntamiento de La Oliva no podía haber realizado la modificación puntual del plan parcial SAU-10 Panorama Tres Islas, transformando el uso del suelo de turístico a residencial. "Tampoco se podía tramitar, en el 2001, como nuevo plan ya que la Ley de Medidas Urgentes suspendía la tramitación de planeamientos y de sus instrumentos".

Otro de las presuntas ilegalidades que denunció Calero en nombre de la Alternativa Democrática fue la aprobación del proyecto acordada por el Ayuntamiento majorero en junio de 2005, dado que dicha aprobación se realizó en un suelo declarado nulo y que había sido reclasificado como terreno rústico de protección territorial. Calero considera que todo este entramado "huele a pura corrupción".