La alcaldesa de La Oliva, Claudina Morales, que además ostenta el acta de parlamentaria regional y es presidenta nacional de Coalición Canaria (CC), aseguró ayer tras conocerse su imputación en el llamado caso Baku, por el que el juez investiga un presunto delito de prevaricación administrativa, urbanística y de malversación de caudales públicos, que el expediente administrativo del polémico Parque de Ocio ubicado en Corralejo es una herencia de legislaturas anteriores, cuando Domingo González Arroyo ostentaba la alcaldía.

Sin embargo, un informe en poder del juez que investiga el caso recoge que la parcela donde se construyó la polémica instalación de ocio tenía un uso de zona verde y equipamiento institucional. La regidora municipal, que a pesar de haber sido citada en los Juzgados majoreros para el próximo 14 de febrero no declarará por su condición de aforada, y deberá comparecer ante el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC), señaló que otorgó la licencia "fundamentada en informes y porque ya existía un acuerdo plenario por unanimidad para la construcción y explotación del parque de ocio".

El titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 3 de Puerto del Rosario, Juan gallego Ortiz, ha realizado nuevas imputaciones en el caso Baku tras la ampliación de diligencias previas que abrió en su día. Al margen de la alcaldesa, también ha citado a declarar a Felipe Figueroa, Miguel Ángel Vera, a la exalcaldesa Rosa Fernández, a Guillermo Morera y a Olivia Estévez.

El origen de este caso, que ya tiene como imputados a una alcaldesa, dos exalcaldes, 17 concejales y varios técnicos, tiene su origen tras la denuncia de Alternativa Democrática por Fuerteventura (ADF).

Sin informes

El juez investiga la adjudicación del concurso, así como la construcción y explotación del parque Baku a la empresa Joca, SL. También, lo ocurrido en la aprobación definitiva del proyecto y la autorización del inicio de las obras. Ambas fueron autorizadas estando al frente del consistorio Arroyo y Morales.

Una de las pruebas del juez Gallego, entre otras, es que no existió informe previo a la celebración de la mesa de contratación. Solo hubo un dictamen de un técnico municipal en relación al pliego de cláusulas administrativas particulares, donde señala que la parcela tiene una superficie de 159.187 metros cuadrados y un uso definido por el plan parcial de Corralejo Playa como zona verde.