La Sociedad Protectora de Animales y Plantas Okapi, que gestionaba la Perrera Municipal de Puerto del Rosario, reclama al Consistorio capitalino 42.728,05 euros por daños morales y de imagen tras la ruptura por parte de la institución del convenio que mantenían para la gestión del centro municipal de atención de animales abandonados.

Los desencuentros entre la Corporación municipal y la presidenta de Okapi, Gabriela Cavalieri, se acrecentaron tras la llegada de ésta a la presidencia de la ONG. La denuncia de un grupo de voluntarios sobre presuntas irregularidades en la gestión de Okapi, el envío descontrolado de perros a Alemania, robos o adopciones ilegales, provocaron el cerco municipal sobre la Protectora. Por ello, el pasado 20 de enero, Okapi debió abandonar las instalaciones de la Perrera Municipal que venía gestionando desde 2005, tras incoar el Ayuntamiento un expediente administrativo.

Ante esta situación, la presidenta de la citada ONG, Gabriela Cavalieri, decidió llevarse del centro más de 200 perros, que alojó en viviendas particulares y se vio obligada a realizar un llamamiento público para lograr alimentos.

Okapi acusa al Ayuntamiento de Puerto del Rosario de rescindir de forma unilateral el convenio que mantenían para la acogida y mantenimiento de los animales de compañía extraviados o abandonados en el municipio, así como no supervisar las adopciones, incumplir algunos aspectos del convenio firmado en agosto de 2010.

Cuidado

La reclamación de 42.728,05 euros que demanda Okapi la fundamenta en los perjuicios causados por el Ayuntamiento "como consecuencia de la ruptura del convenio, los gastos de cuidado y atención de 248 perros, así como la indemnización por el daño moral y de imagen". Los responsables de la Protectora justifican con facturas e informes su petición.