Asambleas Municipales de Fuerteventura (AMF) ha presentado un contencioso-administrativo contra el acuerdo del Cabildo majorero de adjudicar a un equipo de jurídico de la Península la impugnación ante el Tribunal Supremo de las autorizaciones para los sondeos petrolíferos. El Cabildo adjudicó por 80.000 euros la defensa jurídica, mientras que AMF apuesta por haberlo realizado desde el propio Cabildo.