El exalcalde de Pájara, Ignacio Perdomo Delgado, actual primer teniente de alcalde, el concejal Ramón Carmelo Cabrera Peña y el exedil Pedro Pérez Rodríguez han sido condenados a un año y seis meses de cárcel y nueve años de inhabilitación especial para empleo o cargo público, así como el derecho a ejercer el sufragio en las elecciones, por un delito continuado contra la ordenación del territorio en ese municipio.

La sentencia emitida por la juez titular del Juzgado de lo Penal Número 2 de Arrecife con sede en Puerto del Rosario, Alicia Buendía Fleitas, fue notificada ayer a los acusados, que dispondrán de un plazo de diez días para presentar un recurso de apelación ante la Audiencia Provincial de Las Palmas. El fallo también recoge que, una vez sea firme, el Consistorio sureño debe proceder a la revocación y anulación de las nueve licencias de obras para la construcción de chalets y una granja ganadera que otorgaron los condenados. Se da la circunstancia de que algunos de estos inmuebles están terminados desde hace diez años.

Los hechos se remontan al 22 de agosto de 2002, cuando la Comisión de Gobierno del Ayuntamiento de Pájara, integrada por el entonces alcalde Ignacio Perdomo (CC), Ramón Carmelo Cabrera (AMF), Pedro Pérez (AMF ) y Carlos González Cuevas (CC), ya fallecido, acordaron otorgar nueve licencias urbanísticas solicitadas por el concejal de Medio Ambiente por aquellas fechas Lázaro Cabrera y algunos de sus familiares, para los citados proyectos en la zona de Cuesta Guerime, en la localidad de Las Hermosas.

Dichas parcelas se ubican dentro de los límites del Espacio Natural Protegido Monumento Natural de Montaña Cardón, un área de sensibilidad ecológica y con afección a Lugar de Interés Cultural (LIC). La juez recoge en su escrito que no podían otorgarse las autorizaciones urbanísticas al no haber sido aprobadas las normas de conservación del citado Monumento Natural.

Seis días más tarde de presentar las solicitudes obtuvieron las licencias, " a pesar de haber sido advertidos por escrito de la falta del preceptivo y vinculante informe jurídico de los servicios municipales, sin recabar tampoco la imprescindible declaración de impacto ecológico", apunta la juez Buendía.

Tanto los condenados como los técnicos del Cabildo de Fuerteventura reconocieron en la vista oral la existencia de discrepancias en cuanto a la catalogación del suelo entre la institución insular y el Gobierno canario respecto a la zona donde se construyeron las viviendas. "Esta confusión no es tal, en la planimetría alegada no hace más que confirmar la necesidad que en este caso existía en cuanto a un informe jurídico referido a las licencias solicitadas", dice la juez.