El Ayuntamiento de Pájara no ha recibido hasta la fecha ninguna notificación judicial sobre la inhabilitación de su primer teniente de alcalde y concejal de Economía y Hacienda, Ignacio Perdomo, y del concejal en la oposición, Ramón Carmelo Cabrera. Ambos ediles continúan desempeñando sus funciones municipales a pesar que la Audiencia Provincial de Las Palmas los ha condenado a nueve años de inhabilitación especial para desempeñar cargo público.
La Sección Segunda de la Audiencia Provincial dictó sentencia el pasado mes de diciembre rechazando el recurso de apelación presentado por Ignacio Perdomo, Ramón Carmelo Cabrera y Pedro Pérez y ratificaba la condena impuesta por el Juzgado de lo Penal número 2 de Puerto del Rosario a una pena de un año y seis meses de cárcel, inhabilitación especial para el derecho al sufragio pasivo durante el tiempo de la condena e inhabilitación especial para empleo y cargo público durante nueve años como autores de un delito continuado contra la ordenación del territorio.
El Consistorio de Pájara se encuentra a la espera de recibir instrucciones de la Audiencia Provincial para conocer la situación de los citado ediles, ya que la tercera persona condenada, Pedro Pérez, no ostenta actualmente cargo alguno de la institución.
Fuentes municipales señalaron a este periódico que "no podemos hacer nada ya que nada se nos ha notificado. Ellos deberán ser los primeros en conocer la sentencia y lo lógico es que tramiten su decisión de renunciar al acta de concejal, pero eso es una decisión personal". Las mismas fuentes añadieron que en caso de que los ediles no presenten su renuncia una vez que hayan sido notificados, y la Audiencia se dirigía al Ayuntamiento, entonces se convocará un pleno extraordinario para dar cuenta de la decisión judicial y actuar en consecuencia".
Los hechos por los que se condenan a Perdomo, Cabrera y Pérez se remontan al 22 de agosto de 2002, cuando la Comisión de Gobierno del Ayuntamiento de Pájara, integrada por los condenados y el fallecido González Cuevas, acordaron otorgar nueve licencias urbanísticas solicitadas por el entonces concejal de Medio Ambiente, Lázaro Cabrera, y algunos familiares para la construcción de chalés y una granja ganadera.
Dichas parcelas se ubican en el interior del Espacio Natural Protegido del Monumento Natural de Montaña Cardón, donde según la juez no podían haberse otorgado las licencias urbanísticas, al tiempo que el acuerdo no contaba con el informe jurídico ni la declaración de impacto ecológico.
